El texto “Revictimizada mil veces” publicado en el periódico Granma el pasado 18 de agosto, desató una polémica de alta intensidad en las redes sociales. El autor habló de feminicidios e intentó argumentar un enfoque en tres canales:
- se está produciendo una importación forzada de iniciativas surgidas en otros países que recala en “un feminismo snobista, fanatizado, superficial, asumido como un estilo de vida, y para algunos oportunistas, fuente de beneficios”,
- la mayor audiencia que tienen hoy los feminicidios en Cuba es una manipulación de quienes ofician contra el gobierno, en esa categoría entran los medios “abiertamente reconocibles como parte de la contrarrevolución”, los “que cuentan con acreditación como medios de prensa extranjera” y los “que reciben financiamiento bajo el camuflaje de «medios y periodismo independiente»”,
- la cifra –bruta– de feminicidios en Cuba es inferior a la de otros países.
Los tres puntos tienen problemas gravísimos.
Con ellos, el autor, y la plataforma que lo aúpa, expropian a las personas de su agencia y las califican en función de atribuciones interesadas y arbitrarias. Definen como un bloque todo lo que no es parte de la institucionalidad gubernamental y así desaparecen los sujetos colectivos e individuales diversos realmente existentes. Desaprovechan, aniquilándolo por criminalización, el potencial democratizador y dialógico de actores feministas cubanos. Instrumentalizan la agenda feminista global y regionalmente reconocida como una agenda de izquierdas y democrática. Impiden el análisis político sobre la presencia de la agenda feminista en Cuba y su diferencia con la tematización de asuntos relacionados con las mujeres (no necesariamente feministas). Simplifican un problema denso y lamentable de nuestra sociedad y lo convierten en caricatura de polos políticos. Sentencian la imposibilidad de establecer diálogos entre las instituciones estatales y proyectos y voces ciudadanas. Así, condenan las vidas de las mujeres que están en ciclos de violencia y necesitan solución personal, colectiva e institucional. Por último, contradicen y desafían gestos gubernamentales que pareciera, en los últimos tiempos, que podrían propiciar una escucha activa a la sociedad civil y generar espacios de colaboración más fluida.
Los actores
Cada día una se encuentra con enunciaciones interesadamente descabelladas, desubicadas, desinformadas, militantes contra los derechos, las mujeres, la justicia. Lidiamos con eso. Nadie dijo que sería fácil.
Ahora, este texto fuera una paja más en el pajar de la misoginia sino hubiese sido publicado en un órgano de prensa oficial. ¿“Revictimizada mil veces” está anunciando algo?
Que la violencia hacia las mujeres es un problema, se reconoció en la Conferencia del PCC (2012), en la nueva Constitución de la República (2019), en los informes oficiales del país a la CEPAL (2019), en la conversación y trabajo institucional, y en los reclamos ciudadanos; y eso no desdice la garantía del derecho al aborto, la educación y salud universal, la norma sobre igual salario ni la presencia de las mujeres en las aulas universitarias.
En noviembre del 2019, cuarenta mujeres presentamos a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) una Solicitud de que se incluyera en el cronograma legislativo, que se aprobaría poco después, una Ley Integral Contra la Violencia de Género. El proceso, difícil, tuvo audiencia en la sociedad civil y la sociedad política cubanas.
El Presidente de la República dijo en la sesión de la ANPP de diciembre pasado que “debemos prepararnos para legislar, por su alta sensibilidad, sobre la violencia de género” y sobre otros temas. Semanas después, la ANPP coordinó una reunión con parte de las firmantes de la Solicitud. La mencionada Ley no se consideró, al menos hasta ahora. Sin embargo, el problema ya está tematizado en las esferas públicas.
Después de ese camino, el texto de marras vuelve a narrar una política polar. Defiende que los únicos dos ámbitos existentes son, de un lado, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) con proyectos o instituciones que orbitan alrededor de ella (los que menciona son: las campañas Eres más, Evoluciona, y Únete, y el trabajo coordinado con la Organización de Naciones Unidas y el centro Oscar Arnulfo Romero). De otro, la “prensa mercenaria”. No es así.
En este momento existen, haciendo un conteo rápido, al menos sesenta proyectos u organizaciones en el país declaradamente feministas o con un perfil que lo es. Con eso no me refiero a proyectos que hablan de las mujeres, sino a aquellos que defienden una agenda de justicia en contexto, sin mercenarismos. Una parte de esos esfuerzos son institucionales o funcionan dentro de ellas. Otra, son proyectos de la sociedad civil que aportan a la organización, dinamismo, densidad de la sociedad cubana, muchas veces comulgan en objetivos institucionales y a veces los trascienden, porque tienen más capacidad para operar con las subjetividades de jóvenes, activistas, etc. Ese es un tejido valiosísimo y muchas veces atemperado a la potencia feminista latinoamericana y global que puja por mundos mejores.
Las organizaciones reconocidas como oposición antigubernamental también han incluido en su agenda asuntos sobre derechos de las mujeres. Ha sido visible en el último tiempo e integran ese programa a sus propios fines políticos. Esos fines son explícitos y claros para cualquier persona mínimamente observadora.
Ese mapa es imposible reducirlo al par instituciones vs mercenarios. Al menos una parte de los proyectos feministas cubanos que conozco se sostienen con voluntariado y sin recursos materiales o con recursos mínimos. Con la potencia, el tiempo, la creatividad y la fuerza de muchas mujeres, algunas muy jóvenes, inspiradas por las que llevan décadas en la misma lucha y por sus pares en América Latina y el mundo.
Despachar todo eso es, a todas luces, una sobre generalización errada, e interesada.
La prensa
La prensa verifica la misma diversidad. Respecto al tratamiento de los feminicidios hay, al menos, cinco caminos.
Algunos medios sobre Cuba realizan un uso perverso de los hechos; los persiguen como aves carroñeras; los cuentan vomitándolos, sacando el horror por el horror. Comparten fotos y videos. Alimentan morbo sin humanidad. No denuncian, instrumentalizan el dolor para ganar tráfico digital o, directamente, para engrosar su programa político anti gobierno.
Otros medios, aunque tengan similar perfil político, vienen siendo más cautos en la forma. Tienen poca sensibilidad o capacitación en estos temas pero, frente a las críticas que se han hecho desde la misma sociedad civil, muestran algo de contención en la forma en que comunican esos contenidos.
De otro lado, esfuerzos comunicativos no oficiales están intentando avanzar en una agenda sensible a los feminismos, no sin dificultad. Esos espacios son los menos, es cierto, pero están haciendo un esfuerzo clarísimo para aportar al análisis del problema. Critican tanto el amarillismo morboso como el silencio. Muestran que cubrir un caso de feminicidio implica una responsabilidad enorme donde cada palabra tiene que pasar el filtro de la pregunta: ¿esto contribuye en algo a mostrar algún ángulo del problema, de sus complejidades y posibilidades de soluciones?
En cuarto lugar, algunos medios oficiales –provinciales, en lo fundamental– han intentado avanzar en estos debates en los últimos años y, en ocasiones, lo han logrado. Ahora están mucho más presentes análisis sobre desigualdades de género en esos espacios. Específicamente respecto a los feminicidios, en 2018, por primera y única vez un medio oficial, Cinco de septiembre, cubrió un caso. Además de los provinciales, en Cubadebate se ha instalado también la discusión sobre género, con la columna de Letras de Género, que gana audiencia.
Por último, están los medios que persisten en bloquear la discusión al respecto, evadir responsabilidades, mirar a un país que no existe y desentenderse de cualquier contribución a los problemas que lo aquejan.
Ese otro mapa mínimo, quizás aún simplificado, es bastante más complejo que aquello de lo que habla el texto de Javier Gómez Sánchez. En él hay, sin embargo, un debate sobre el que continuar insistiendo: la obligación de todos los medios y proyectos comunicativos de respetar la dignidad de las víctimas y sus familias, y de contribuir a pensar el problema, sin ocultarlo y sin instrumentalizarlo. La ley de prensa por venir debería integrar este asunto a su agenda. Y eso para bien, entonces sí, común.
El problema
La violencia de género es un problema en Cuba. Uno de los “temas de alta sensibilidad” de la sociedad cubana, como ha dicho el Presidente Díaz Canel. Los feminicidios, como extremo más cruento de esas violencias, también lo son.
En 2019, Cuba se sumó a la lista de países que habla de feminicidios, aunque aún no es una figura penal en el país. La cifra oficial se dio en un informe nacional ofrecido a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre cómo se afronta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El informe, de 2019, dio una tasa de feminicidios de 2016. En ese año, la tasa fue de 0.99 por cada 100.000 habitantes de la población de mujeres de 15 años o más.[i] Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2016 la población contabilizada como mujeres en esas edades era de 4.752.137. Entonces, aproximadamente 47 mujeres fueron asesinadas en delitos calificables como feminicidios por Cuba. Alrededor de una por semana.
El dato ofrecido a la CEPAL, aunque valioso, subcalcula el problema. Técnicamente, dentro del crimen de feminicidio algunos países especifican los “feminicidios íntimos”. Ahí se incluyen los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, exparejas, familiares o convivientes. El corte cubano, sin embargo, fue aún más específico: solo parejas o ex parejas. Esa definición no permite hablar de feminicidio si quien asesina es un conviviente distinto de la pareja, por ejemplo.
Ahora, ese dato permite otros análisis. Según el Anuario Estadístico de Salud, en 2016, 121 mujeres murieron a causa de agresiones. La conclusión, en términos proporcionales, es la siguiente: ese año, el 39% de las muertes de mujeres a causa de agresiones fueron feminicidios perpetrados por parejas o ex parejas.
La tasa cubana de esos feminicidios es inferior a la global y a la latinoamericana (1.6 en 2017), pero la proporción respecto a los asesinatos totales de mujeres por agresiones es superior. Según un informe de la ONU publicado en noviembre de 2018, en 2017 el 34.48% de los asesinatos de las mujeres en todo el mundo fueron cometidos por sus parejas o ex parejas. Entonces, la proporción cubana supera la global. De ahí podemos sacar una conclusión y una pista: en Cuba y en relación con sus propios estándares, el hogar y las relaciones íntimas son un lugar de mayor peligro respecto a la tendencia mundial. Ese hecho debería ser clave para las políticas públicas y para los esfuerzos ciudadanos en la lucha contra la violencia. Y el tipo de análisis que llega a esa conclusión, también.
Hablar de los feminicidios es necesario. El silencio es cómplice. Necesitamos saber el perfil de los asesinatos, en qué circunstancia se producen, cómo podemos evitarlo. En otros países los feminicidios están interrelacionados y habilitados por el narcoestado, las trasnacionales que colonizan territorios o las pandillas; o bien es muy probable que el crimen quede en la impunidad. En Cuba estos asesinatos no son impunes. Pero el resto de los momentos de la violencia sí pueden serlo debido a barreras de distinto tipo relacionadas con los procesos de violencia.
Según ONU mujeres, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido, en algún momento de su vida, violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. Estudios nacionales dan cifras incluso más altas.
En Cuba, el 39,6% de las mujeres aseguró en la última Encuesta Nacional de Igualdad de Género haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en “algún momento de su vida”. El número podría aumentar si se considerara la violencia fuera de la pareja.
Ese problema ha sido objeto de trabajo en las agendas institucionales. Las Casas de Atención a la Mujer y la Familia de la Federación de Mujeres Cubanas considera la cuestión desde 1990. En 1997, se creó el Grupo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar que luego se agotó o quedó con muy bajo perfil. En la reunión en la ANPP con parte de las firmantes de la solicitud de Ley, se anunció que el 11 de noviembre de 2019 se había decidido la reactivación de ese Grupo.
Hace unas semanas, se anunció la aprobación de una guía de implementación de una línea telefónica con alcance nacional, liderada por la FMC para atender casos de violencia. La existencia de una línea telefónica institucional para estos casos es una vieja necesidad, y es vital su implementación con celeridad. Ella deberá producir una articulación interinstitucional y asegurar la capacitación a los operadores policiales y de la justicia de formas mucho más eficientes que las que han tenido lugar hasta este momento.
Solo el 3.7% de las mujeres que han sido víctimas de violencia en sus relaciones de pareja ha pedido ayuda externa. Entre las razones por las que no se pide ayuda están las barreras que existen en los procedimientos policiales y judiciales. La propia FMC lo ha reconocido. Esas barreras, junto a los gravísimos problemas de viviendas, la menor autonomía económica de las mujeres, su mayor responsabilidad con hijos e hijas, y la falta educación para la igualdad y la equidad de género, configuran un escenario muy complejo. Para resolverlo, no ha habido capacidad institucional suficiente. No la ha habido. Tiene que haberla. Lograrlo es más ágil y mejor si es a muchas manos. Lo que hace “Revictimizada mil veces” es asegurarse, con alevosía, de que eso no pase.
La violencia machista no puede ser un cajón que se abra, de un lado, para presumir lo bien que lo hemos hecho ni, de otro, para instrumentalizar la lucha de las mujeres en función de una causa, ahí sí mercenaria, que en sus resultados, va contra las mujeres. Aquí se juegan vidas. Y para proteger esas vidas tenemos que pensar honestamente en las desigualdades que habilitan las violencias. Desigualdades que operan en forma de reconocimiento injusto y en forma de déficits redistributivos. Ambas a la vez.
Por eso, para mí, luchar contra las violencias machistas implica defender un programa amplio de justicia social, que asegure reconocimiento, redistribución, representación y participación. Educación y salud universales, normas inclusivas, programas de sensibilización, estados fuertes garantes de derechos y de protección social, escucha a la ciudadanía, a quienes llevan décadas intentando intervenir en este estado de cosas y a quienes lo hacemos hoy.
En Cuba podría hacerse, a contrapelo de los mercenarismos injerencistas y de los mercenarismos misóginos de conciencia; esos que buscan implosionar causas justas no importa cuánto arrasen en ese camino.
[i] Para similar período, esa tasa es baja en comparación con países como El Salvador, Honduras, Guatemala, México o Brasil; y alta en relación con Perú, Chile o Panamá.
Créditos de la imagen:
• Ilustración del autor Diana Carmenate
Créditos de la imagen destacada:
• Ilustración del autor Diana Carmenate
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