En septiembre de 2017 estaba planeada la celebración en Cuba de comicios generales. Debido a las consecuencias del devastador huracán Irma que recorrió la Isla ese mes, se han pospuesto para el próximo noviembre. En su curso, se elegirán 12 mil 515 delegados y delegadas a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) en su XVII periodo de mandato, para igual número de circunscripciones (la unidad territorial de representación política en el país). La Asamblea Municipal es el órgano superior local del poder del Estado y está investida de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en su demarcación ; para ello, dentro del marco de su competencia y ajustándose a la ley, ejerce gobierno. Quienes gocen de ciudadanía cubana, sean residentes en la Isla, y tengan edad electoral, podrán nominar y ser nominados para el principal órgano del Estado cubano en las localidades. El proceso electoral convoca a la ciudadanía a “elegir a los mejores candidatos”.
De los muy diversos análisis que es posible realizar de ese proceso, aquí me voy a ocupar de dos : ¿cómo pensar el lugar de las mujeres en el actual proceso eleccionario en Cuba ? y, ¿cómo pensar las (im)posibilidades de que ese proceso integre –en su forma y/o sus consecuencias– agendas feministas en el país ? Con esos fines, primero realizo algunos comentarios generales sobre este llamado electoral y sus sentidos. Luego, analizo algunos datos sobre el lugar de las mujeres en el sistema político cubano. Por último, me pregunto sobre cuáles son las (im)posibilidades de una agenda feminista en la política institucional del país.
ELECCIONES A LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES DEL PODER POPULAR, 2017
En su mensaje del pasado día 3 de septiembre, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), recordó que las personas finalmente electas, tendrían eventualmente la posibilidad —con arreglo al orden del sistema político del país— de ser presidente o vicepresidente del órgano local municipal, de un Consejo Popular o una comisión permanente de trabajo ; podrían, además, integrar las Asambleas Provinciales (APPP) o la Asamblea Nacional, órgano supremo del poder del Estado, único con potestad constituyente y legislativa en la República. En el propio texto, Lazo llamó la atención sobre las funciones de delegados y delegadas como representantes políticos : tomarán importantes decisiones sobre la vida de los habitantes del territorio, como la aprobación y control de los planes económicos-sociales y del presupuesto local, entre muchas otras ; propiciarán la participación de sus conciudadanos en los procesos de dirección de la sociedad ; rendirán cuenta periódica sobre los resultados de su gestión. Por su importancia, a los electores “nos corresponde (…) concurrir con nuestra familia a ese acto cívico, democrático y participativo que es la asamblea de nominación de candidatos, para proponer y nominar allí a cubanos y cubanas patriotas, responsables, capaces y sensibilizados con los problemas de la gente ; a quienes tendrán la misión de llevar adelante el perfeccionamiento del Poder Popular en el camino hacia el futuro escogido por nuestro pueblo”. En la voz del presidente de la Asamblea, el poder político enuncia los criterios a tener en cuenta para la elección : patriotismo, responsabilidad y sensibilidad con los problemas de los electores. A todas luces, interesa revestir al proceso de la mayor importancia.
El esfuerzo lleva razón, las atribuciones que legalmente tienen los delegados y delegadas del Poder Popular son considerables ; y tienen que ver con un espectro de controles, posibilidad de fiscalizaciones, adopción de acuerdos, nominaciones de cargos políticos, etc. relevantes al interior del sistema político cubano. [1] Ahora, si se enumeran esas facultades legales que tiene el delegado del Poder Popular para el ejercicio de su mandato, es necesario añadir, acto seguido, que están limitadas en la práctica por razones de distinto tipo. Entre ellas, los elevados niveles de concentración del poder que avala la propia norma constitucional cubana y que se reproduce en el resto de las normas legales y de funcionamiento político ; la superposición de funciones de instituciones políticas y de gobierno y la multisubordinación de algunas de ellas, a la vez, a diferentes instancias ; la escasez de recursos y de real autonomía de los órganos locales ; las limitaciones de los procesos electorales donde los cargos puestos a elección no abarcan toda la estructura de dirección política, etc.
Ahora bien, a pesar de las deformaciones de la práctica y del propio diseño del sistema político, las elecciones municipales tienen un valor particular : con ellas se pone en juego una forma de participación ciudadana central en la formación de la voluntad estatal : el derecho al voto y el derecho a ocupar cargos públicos dentro del sistema político. Tal como está regulado en Cuba, esa es la única oportunidad donde se ejerce el voto directo y secreto a favor de un representante político. El proceso, entonces, merece un alto para pensar en las (im)posibilidades que plantea, en este caso, para potenciales agendas y prácticas feministas en Cuba.
LAS MUJERES EN LA POLÍTICA
La presencia de las mujeres en el sistema de representación política en Cuba ha sido un tema atendido con relativa sistematicidad por las estadísticas producidas en la Isla. Lo que ello dice, o no dice, sobre las necesidades de las mujeres, ha recibido menos atención.
Las estadísticas oficiales sobre las mujeres en Cuba tienden a destacar las cifras de su presencia, por ejemplo, en los niveles superiores de enseñanza. Los datos dicen que las mujeres somos, aproximadamente, el 60% de los médicos, el 70% de los docentes en todos los niveles escolares, el 50% de los graduados de ciencias naturales y matemáticas, el 70% de economía, el 75% de medicina, el 65% de ciencias sociales y humanidades ; constituimos el 70% de profesionales y técnicos en la Población Económicamente Activa total, e integramos el 53% del sistema de ciencia e innovación tecnológica. Esas cifras dan cuenta de una realidad : el sistema educativo, en todos sus niveles, integra universalmente a los y las ciudadanas, y el género no actúa en detrimento de la presencia de las mujeres del sistema de formación profesional. Esos datos avalan, con razón, uno de los ámbitos refrendados como “logros de la Revolución”. Empero, no debe leerse como indicador de inexistencia de brechas de género en los mercados laborales a los que ellos mismos remiten.
Como han mostrado los análisis feministas en América Latina, existe una falta de correlación entre los niveles educativos de las mujeres y la reducción de las brechas de género con que operan los mercados laborales. De hecho, parece ser que mientras más aumenta el nivel educativo, mayores son las brechas salariales entre hombres y mujeres [2] y que puede ser más difícil para las mujeres acceder a puestos mejor remunerados en los mercados laborales profesionales. La brecha aumenta, además, si se añade la variable étnico-racial. [3] Un análisis de este tipo está pendiente en Cuba, pero la acotación alerta sobre las consecuencias imprecisas que pueden extraérsele a datos como el nivel de instrucción educativa. Análisis similares podrían realizarse en otros ámbitos, atendiendo, por ejemplo, al bajo número de mujeres propietarias de negocios en el sector de las pequeñas y medianas empresas, o de propietarias de tierras, aun cuando sean trabajadoras del campo. Ahora, ese tipo de examen merece otro texto. Propongo concentrarnos en el espacio de la política.
En 2016, una vez concluido el Congreso del PCC, quedó electo el nuevo Buró Político y del Secretariado, para el periodo 2016-2021. Hoy, el Buró Político lo integran 17 personas ; a su interior, cuatro mujeres [4] , el 23,5% de los miembros de instancia. Sin pretensión de estricta paridad estadística —teniendo en cuenta que las mujeres integramos la mitad de la población cubana—, es posible decir que estamos subrepresentadas en el principal órgano del PCC, el cual, a su vez, dirige el Estado cubano. [5] Sin embargo, es merecido un destaque : respecto al Buró Político aprobado en 2011-2016, donde solo había una mujer, el actual periodo hubo tres nuevas incorporaciones de representantes políticos de ese género. El Secretariado del PCC, sin embargo, sí mantuvo solo una mujer dentro de sus cinco miembros.
Los datos sobre las Asambleas del Poder Popular permiten otro tipo de análisis. Según información publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en 2016 el 48.9% de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular son mujeres ; mientras que en las Asambleas Provinciales representan el 51%. El panorama cambia considerablemente cuando se examinan las Asambleas Municipales del Poder Popular. Allí, en 2016, las mujeres integraban el 33.5%. Casi veinte puntos porcentuales no es despreciable. ¿Qué sugieren esas cifras ?
Una primera lectura puede ser que en los órganos provinciales y nacionales opera, con éxito, una política de promoción de las mujeres para su participación activa dentro el sistema político ; el resultado ha sido una total paridad de género en esos niveles. Aunque no existe una norma que establezca cuota de género para la nominación y elección de candidatas en esas instancias, en la práctica opera de ese modo, a través de los procesos de selección que realizan las Comisiones de Candidaturas, que son las designadas para proponer candidatos. Sin embargo, una política de promoción de la equidad de género ha obtenido resultados más discretos (aunque considerables, si tenemos en cuenta la evolución de las cifras) en las AMPP, que es donde se pone de manifiesto directamente la mirada y elecciones de la ciudadanía ; es —solo— allí donde ciudadanas y ciudadanos nominan y elijen. La presencia de las mujeres en ese ámbito implicaría que la propia ciudadanía las propusiera y votara por ellas como representantes políticas, pero lo hacen en menor medida. Entonces, podría decirse que la brecha de género, socialmente reproducida, se expresa con claridad cuando se habla, también, de elecciones políticas.
Algo parecido a lo que sucede con las AMPP salta a la vista cuando se revisan, por ejemplo, los datos sobre la estructura de los sindicatos en Cuba. Aunque esas no son instancias estrictamente políticas, la información sobre ellas permite identificar pistas sobre la reproducción de relaciones de poder, en base a género, en los espacios públicos cubanos. Según la ONE, en el 2005 eran mujeres el 57.1% de los dirigentes de secciones sindicales, el 56.5% de dirigentes de buroes sindicales, y el 58.9% de los cuadros profesionales del movimiento sindical. Sin embargo, ellas fueron alrededor —solo— del 20% de los héroes y heroínas del trabajo, distinción que dan los sindicatos. Cómo debemos leer esos datos : ¿las mujeres son más dirigentes sindicales y menos “ejemplares” en el trabajo ? La pregunta, al menos, levanta una alerta que valdría la pena explorar. Preveo que las respuestas estarán en la reproducción estructural de la desigualdad de género.
Otro dato pone en tensión la política de promoción de las mujeres en cargos políticos de alto nivel. Si bien las cuotas basadas en principios de acción afirmativa —aunque no esté así regulada ni institucionalizada— impactan la composición de las instancias provinciales y nacional del Poder Popular, no sucede lo mismo en los cargos de gobierno de las carteras ministeriales. En el Consejo de Ministros, el presidente, vicepresidente primero y cuatro vicepresidentes son hombres. Contando los jefes de gabinetes y los viceministros primeros, las mujeres son el 27%, y entre los viceministros representamos el 26.5%. La acción afirmativa tiene menos consecuencias, entonces, para los órganos de gobierno.
Antes de pasar al tercer asunto, recapitulo lo dicho hasta aquí. Primero, he llamado la atención sobre la necesidad de leer de modos informados las estadísticas sobre los lugares sociales de las mujeres. Además, he dicho que, en los órganos del poder político de base, las mujeres estamos subrepresentadas. En tercer lugar, he reconocido la existencia de una política de promoción de la equidad entre mujeres y hombres que opera con eficacia en los niveles provinciales y nacional para las Asambleas del Poder Popular. Por último, he añadido que las carteras ministeriales reproducen, no obstante, una brecha de género en sus cargos de más alto nivel. De cara a las elecciones, esos asuntos permiten elaborar preguntas y análisis sobre cómo contribuir a que la representación política local de las mujeres supere barreras de género, y, en un plano más amplio, qué sugieren las cifras sobre la mayor dificultad de las mujeres (profesionalmente calificadas) para acceder a altos puestos ministeriales.
Pasemos entonces a la última cuestión : ¿cómo pensar las (im)posibilidades de una agenda feminista dentro del poder político cubano, en un momento electoral ?
AGENDAS FEMINISTAS EN LA POLÍTICA
Encontrar discursos y programas políticos feministas en el discurso político cubano es sumamente difícil, a pesar de los derechos de distinto tipo que nos están garantizados. Las mujeres que ocupan cargos políticos y que tienen voz pública, pocas veces dejan ver una preocupación “puesta al día” de los debates sobre los derechos de las mujeres y sobre las estructuras de la desigualdad asociadas con el género, la “raza” y la clase, que operan en Cuba a veces a pesar de —y otras veces junto a— las políticas públicas. La Federación de Mujeres Cubanas, organización que integra a 4 millones de mujeres en el país, desconsidera esas agendas o las lleva a su programa mínimo. Sin desconocer los muy relevantes acompañamientos de esa organización en las décadas post-1960 y hasta los 1980, hoy día es arriesgado calificar su práctica dentro de cualquier imaginación feminista.
Es muy escasa su voz sobre temas fundamentales como la violencia de género en hogares y espacios laborales, sobre desigualdades de género en los ámbitos del trabajo y de la propiedad, sobre las marcas patriarcales en los medios de comunicación y en los discursos políticos, sobre la feminización de la pobreza, sobre la invisibilización de los trabajos del cuidado como trabajo productivo, sobre la reproducción de estereotipos de género, etc. Ese hecho se expresa, también, en el proceso electoral.
De las características del sistema electoral cubano me interesa destacar dos, que pueden incidir directamente en la segunda preocupación de este texto (los lugares de las mujeres dentro del sistema político) : 1) privilegia en exclusiva la dimensión territorial como base de la representación política ; eso es, ni en los niveles locales ni en los niveles superiores del poder público, los representantes políticos lo son de sectores sociales (son, en todo caso, representativos de ellos) ; [6] 2) los candidatos y las candidatas no se postulan ni se eligen en base a ningún programa de gobierno ni en base a intereses de sectores específicos anclados en identidades (de género, orientación sexual, profesional, etc.) sino a “méritos políticos” y laborales/estudiantiles. Según lo anterior, quien será representante político en los niveles locales debe haber sido “buen trabajador” y tener “méritos políticos”, no más ; cualquier otra intención puesta en juego podría cuestionarse frente a la “inexistencia de campañas electorales, discriminatorias, millonarias, ofensivas, difamatorias y denigrantes”. ¿Qué imposibilidades plantea ello para la reducción de la brecha de género desde la política institucional cubana ?
Las desigualdades de género —y sus intersecciones con otras desigualdades— no son coyunturas sociales. Antes bien, dichas desigualdades son estructurales al funcionamiento social en sus más diversos ámbitos y se expresan : en los mercados laborales que excluyen a las mujeres o las colocan en situación de desventaja ; en la sobrecarga en ellas de las labores de cuidado ; en el no reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo y la invisibilización, entonces, de que somos las mujeres las que en parte importante sostenemos las crisis y las economía nacionales ; en la sexualización de la subordinación ; en la sobrerrepresentación de las mujeres en los grupos más desfavorecidos ; en el aumento del acoso callejero ; y en muchos otros ámbitos y estructuras sociales, extremadamente diversas, a las que nos enfrentamos las mujeres durante la cotidianidad de nuestros trabajos —productivos y reproductivos— y de nuestras relaciones políticas en los espacios privados y públicos. Si las mujeres delegadas —o los hombres con preocupaciones feministas, más escasos lamentablemente en Cuba, pero existentes— no pueden poner en juego sus potenciales o reales agendas contra las desigualdades de género, “raza” y/o clase, la política local y sus rutas electorales quedan blindadas a cualquier agencia democratizadora en esos sentidos. Esas instancias quedan imposibilitadas, también, para el despliegue de sensibilidades “frente a los problemas de los electores”, como reclamó Lazo.
Lo que me interesa dejar en claro es que la existencia de mujeres delegadas del Poder Popular debería ser una posibilidad para demandar a la política oficial, y desde ella, la necesidad de gestionar democráticamente las brechas de género y sus intersecciones con la “raza” y la clase. Entre otros muchos temas, las delegadas y/o la ciudadanía, deberíamos colocar en la política local preocupaciones sobre la responsabilidad pública de los cuidados —cuando los círculos infantiles no son suficientes o están en malas condiciones o reproducen exclusiones de género en sus procesos educativos— ; sobre las violencias de género privadas y públicas ; sobre la violación de derechos laborales sobre todo de las mujeres trabajadoras contratadas en el sector privado, donde se evidencian sistemáticas exclusiones por maternidad, cuidado de hijos ; etc. Deberíamos, como electores y electoras, intencionar la elección de personas que, estando dispuestas, identifiquemos con esas sensibilidades ; deberíamos exigir contenidos de esas agendas en los espacios disponibles con nuestras delegadas y delegados ; deberíamos, si somos nosotras las nominadas, responsabilizarnos con estas y otras preocupaciones que construyan sensibilidades y prioricen la atención a las desigualdades de género en la gestión de la política local. Algunos, algunas, pensarán que esta agenda no es urgente, pero lo es más de lo que, a veces, podemos apreciar.
El 19 de enero de 2017, por ejemplo, el diario Granma publicó un trabajo que reseña : “Suzel Delgado Martín perdió el trabajo cuando la barriga había crecido lo suficiente como para dar a entender que el parto era inevitable. « No me despidieron al saber que estaba embarazada. Solo me dijeron que podía formar parte del negocio por todo el tiempo que mi estado me permitiera, pero que luego buscarían a otra persona para que ocupara mi puesto. Cuando faltaba poco para que mi bebé naciera, me fui »”. Según el propio texto, la Federación de Mujeres Cubanas ha declarado tener un compromiso con las trabajadoras del sector privado, para que se sientan acompañadas y se cumplan sus derechos. Pero ese empeño requiere de muchos más esfuerzos, donde el poder político local debería y podría intervenir como co-regulador de la vida pública.
Situaciones como la de Suzel Delgado Martín no son excepcionales. Tampoco lo son las situaciones de acosos laborales, violencias de género, pobreza femenina. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de pensar el asunto, también, en estas elecciones ? Frente a la norma de las biografías encartonadas que “adornan” el proceso electoral, y en lo que se gestionan “grandes” cambios de la política nacional y global, quizás podamos ir colocando en los barrios, las circunscripciones y municipios, una agenda sobre las desigualdades de género, y otras. Ese podría ser un gesto que sensibilice a uno o dos, comience a abrir la hendija, y muestre la herida.
NOTES
[1] Guanche (2013) lista esas atribuciones : la nominación de candidatos a las APPP y de diputados a la ANPP, la revocación del mandato de diputados a la ANPP y de Delegados a las APPP, la evaluación de la rendición de cuenta de los diputados y de los delegados a las APPP y a las AMPP de los respectivos territorios por los que fueron electos, y la elección para cubrir cargos vacantes de diputados a la ANPP y de delegados a las APPP. En cuanto miembros de las AMPP, ellos y ellas tienen derecho a participar —siempre en el seno de la ley— de la toma de decisiones sobre : el ejercicio de la fiscalización y el control sobre las entidades de subordinación municipal ; la revocación o modificación de acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella ; la adopción de acuerdos y disposiciones sobre asuntos de interés municipal ; y sobre el control de su aplicación ; la designación y la sustitución de miembros del órgano del Consejo de Administración Municipal (CAM), a propuesta de su presidente ; la designación y sustitución de los jefes de las direcciones administrativas y de empresas de subordinación municipal ; la determinación, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, de la organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración ; la constitución y disolución de comisiones de trabajo ; la aprobación del plan económico – social y del presupuesto del municipio, ajustándose a las políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central del Estado, y controlar su ejecución ; las formas de contribuir al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no le estén subordinadas ; el conocimiento y evaluación de los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de Administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos ; la atención de todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos superiores del Estado ; y otras reguladas, como las anteriores, por la Constitución y el Reglamento de las AMPP.
[2] En América latina, las mujeres de trece años y más de estudios, perciben el 25.6% menos del salario que los varones con las mismas características. En los niveles educativos más altos, la brecha es más considerable. Fuente : “Nota para la igualdad No. 18 : persiste la brecha salarial entre hombres y mejores” en Observatorio de la Igualdad de Género de la Cepal, 8/3/2016, http://oig.cepal.org/es/notas/nota-la-igualdad-ndeg-18-persiste-la-brecha-salarial-hombres-mujeres
[3] Ver : Bidegain Ponte, Nicole (2016) “Desigualdades de género y brechas estructurales en América latina”. En : Nueva Sociedad. No. 265. Septiembre-Octubre.
[4] Mercedes López Acea, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana y Vicepresidenta el Consejo de Estado ; Miriam Nicado García, Rectora de la Universidad de las Ciencias
Informática ; Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de
Mujeres Cubanas ; y Marta Ayala Ávila, Vicedirectora General del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología.
[5] Anoto a continuación un dato interesante : según cifras de un análisis hecho por Rafael Hernández, las mujeres integran el 39% del PCC, el 52% de los jóvenes comunistas. Si la UJC es la cantera directa del PCC, ¿por qué baja tanto el seguimiento de las mujeres en organizaciones políticas ?
[6] Guanche (2013) sistematiza con claridad los problemas de la exclusividad del criterio territorial de representación política : a) “condiciona que las personas estén representadas ante todo como consumidoras, de modo pasivo y no como productoras” y b) el mandato conferido a los candidatos no puede tener escala ni contenidos diferentes a lo que él puede manejar en su territorio —con lo que se limita estructuralmente la naturaleza del mandato— y grupos sociales con intereses específicos no “locales” se quedan sin cauces de representación institucional para introducir sus temas en las agendas públicas locales, regionales, nacionales y globales
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