En la primera parte de este texto insistía en que la discusión sobre la política social debe ser sincrónica a la de la política económica.
Decía que, para ello, cuatro campos necesitan atención urgente. Me detenía en los dos primeros: considerar los efectos del mercado en divisas para la desigualdad y atender a los grupos sociales empobrecidos o más vulnerables a caer en la pobreza.
Ahora analizo los dos restantes: considerar las desigualdades que constituyen al sector no estatal y abrir el debate y la política económica a la consideración del trabajo no remunerado como trabajo y parte de la economía.
Con base en esas reflexiones, propongo un decálogo de recomendaciones que constituye un punto de partida para intervenir en los órdenes de desigualdad cubanos, a la par que en los de la economía.
3. Considerar las desigualdades que constituyen al sector no estatal de la economía, que ahora será potenciado
Asegurar el amparo es imprescindible y dice mucho de la voluntad igualitaria que organiza, o no, la vida de un país, un hogar, una empresa, una comunidad. Al mismo tiempo, importa asegurar igualdad de oportunidades para enfrentar las crisis como agentes económicos y sociales y no solo como sujetos de protección social. No se trata de mínimos, sino de capacidad, posibilidad y oportunidad de ser actores de este proceso, para bien de las economías nacional y domésticas.
Por eso necesitamos pensar también en la forma en que podrán integrarse las personas a los sectores económicos que la reforma anuncia que serán potenciados.
La propuesta de ruta económica incluye la intención de ampliar el rol del sector no estatal y de potenciar su reproducción. Para ello, el camino será: a) expansión de las actividades permitidas en el sector privado y flexibilización de su contenido, b) reconocimiento de micro, pequeñas y medianas empresas con capacidad para asociarse con formas de propiedad estatal y c) relanzamiento del proceso de estímulo a la creación de cooperativas. En ausencia de políticas conscientes e intencionadas, las posibilidades que abrirá la potenciación de estos sectores serán aprovechadas por algunos grupos, mientras otros permanecerán en los márgenes.
De acuerdo con las cifras del Anuario Estadístico de 2019, las mujeres representan solo el 17, 99 % de quienes trabajan en el sector no estatal de la economía. Al parecer, ellas tienen más barreras que los hombres para acceder a esos espacios, pues en el sector estatal la brecha es muy inferior (45,77 % de mujeres frente a 54,23 de hombres). En las cooperativas no agropecuarias, las mujeres son el 16,57 % y en el trabajo por cuenta propia (TCP), el 33,95 %.
La desigual participación en esos sectores se debe a distintas razones relacionadas: normas sociales discriminadoras, menor acceso a la propiedad y a activos iniciales para emprender un negocio, sobrecarga de cuidados y falta de servicios públicos para su garantía, ausencia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para asegurar el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares, así como falta de garantía de derechos laborales especialmente en el sector privado.
Si la potenciación del sector privado y cooperativo no se acompaña de medidas y políticas que intervengan en ese orden de cosas, el resultado será que las mujeres quedarán fuera de esos mercados laborales, que prometen ser más dinámicos y asegurar mejores ingresos. Los resultados que eso tiene han sido largamente debatidos en el mundo: disminución de la autonomía económica de las mujeres y de su capacidad de negociación dentro y fuera de los hogares, barreras para salirse de situaciones de violencia por falta de recursos propios, desvalorización y ausencia de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y falta de disponibilidad de fuerza de trabajo de las mujeres para la economía monetizada. Desigualdad, en definitiva.
En el agro, la situación no es diferente. Las mujeres son solo el 12,92 % de quienes participan de las cooperativas agropecuarias. Datos del Ministerio de la Agricultura en su Estrategia de Género (2016) refieren que más de 50 000 mujeres perdieron su vínculo formal con el sistema agrícola estatal en Cuba entre 2010 y 2013. En 2017, por cada 100 hombres empleados en zonas rurales había 30 mujeres. Sumando, menos mujeres que hombres acceden al trabajo remunerado en la agricultura, tienen control de tierras, tecnologías e insumos para la práctica productiva y ocupan posiciones de poder. También en el agro se necesitan medidas en esa vía.
Si bien las personas negras tienen una participación casi paritaria en el sector privado de la economía, parece ser que la cualidad de su participación es distinta. La encuesta realizada por el German Institute of Global and Area Studies dio cuenta de la estratificación racializada en los ingresos que provee el sector privado. Las personas negras y mestizas aseguran por esa vía ingresos significativamente inferiores debido al tipo de actividad que realizan: tienen más presencia como pequeños vendedores, artesanos y en los servicios gastronómicos en pequeña escala. Mientras, las personas blancas están más representadas en las dos actividades de mayores ingresos: como dueños de restaurantes y en el alquiler de habitaciones y viviendas.
El resultado, nuevamente, es que no todas las personas podrán aprovechar del mismo modo la necesaria potenciación del sector no estatal de la economía, y eso es necesario considerarlo para intervenir y acortar las brechas a través de acciones políticas intencionadas. A favor de la equidad, podrían funcionar políticas específicas de créditos para grupos con exclusión estructural, el aseguramiento de garantías de derechos laborales y de no discriminación, los programas de sensibilización social y el estímulo a la participación económica de actores diversos.
4. Abrir el debate y la política económica a la consideración del trabajo no remunerado como trabajo y parte de la economía que se quiere transformar
Hay economía, y vidas, más allá de los mercados monetizados.
Cuando sobrevienen crisis, sostener la vida se vuelve más difícil y es necesario destinar más tiempo, trabajo y recursos monetarios a ello. Conseguir alimentos y cocinarlos, planificar la comida, gestionar el transporte y con qué lavar la ropa, cuidar a los hijos, etcétera, resulta una carga aún más pesada que llevan, principalmente, las mujeres. Lo que sucede en los hogares para sostener la vida es tan vital para la reflexión económica como lo que sucede en las “fábricas” de trabajo asalariado.
En Cuba, después de la crisis de los años 90, la eliminación o disminución progresiva de políticas sociales (como el contenido de la canasta básica, los comedores obreros y otras), de los subsidios a productos y las llamadas “gratuidades indebidas” incidieron en el aumento del trabajo doméstico no remunerado. Los hogares han ocupado cada vez más un lugar principal para el bienestar y para poder reproducir la vida haciendo malabares para asegurar el plato de comida diario y el cuidado básico de las personas más dependientes, es decir, apuntalar (literal o metafóricamente) sus columnas.
La más reciente Encuesta Nacional que midió el uso del tiempo informó que en Cuba las mujeres dedican como promedio semanal 36,37 horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Los hombres, 22,16 horas. La brecha es de alrededor de 14 horas semanales más “a favor” de ellas.
A eso se suma la insuficiente cantidad de servicios públicos para asegurar los cuidados infantiles1 y de la tercera edad, las normas sociales que aseguran que las mujeres debemos cuidar y que, además, lo hacemos mejor, y la falta de garantías de derechos laborales en el sector privado para que sea posible la conciliación del trabajo doméstico y de cuidados y el trabajo asalariado en condiciones dignas y para todas las personas.
Tener que realizar el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares condiciona la cantidad y la cualidad de la fuerza de trabajo de las mujeres. También por eso ellas tienden a participar menos en los mercados laborales y a veces se someten a regímenes de trabajo informales, flexibles y sin derechos, que les permiten conciliar sus responsabilidades domésticas y en los mercados laborales.
Entonces, es necesario considerar también esa otra crisis que existe, pervive y condiciona los órdenes económicos de los que hablan las medidas anunciadas: la crisis de cuidados.
Si el cuidar no se somete a crítica y se redistribuye —entre hombres y mujeres, familias y Estado, quienes trabajan y sus empleadores— lo que sucede “naturalmente” es que se vuelve una carga difícil de llevar. Armar instancias interinstitucionales para atender esa situación es una urgencia. Los cuidados son tan importantes como los otros bienes básicos: comida, agua, salud y educación. Hacen parte del sistema económico, no son una exterioridad. Necesitamos hablar de ellos y conectar unas medidas, las anunciadas, con otras, las necesarias.
Decálogo incompleto de puntos de partida
Sumando, son necesarias políticas económicas integrales que consideren los efectos sociales de los caminos anunciados y que, por otro lado, aseguren que distintos grupos sociales puedan participar en calidad de agentes económicos, en igualdad de condiciones. Es necesaria una reforma de la política social que afronte sus distorsiones, como mismo se está haciendo con la reforma económica.
Desde 2010 hasta el momento, los cambios de fondo en la política social han sido, sobre todo, de recortes. Para poder acompañar las medidas económicas conteniendo sus costos sociales y sorteando la desigualdad preexistente, es necesario reformar la política social. Por eso es tan importante tematizar la discusión al respecto junto a la discusión económica, y sopesar las oportunidades, necesidades, desafíos y balances. Es posible periodizar también esa otra reforma; no todo se puede hacer en el instante, aunque algunas cosas sí resulta imprescindible desarrollarlas cuanto antes. En todo caso, hay que hablar de ello.
Un punteo inicial para avanzar sería el siguiente:
- Revisión del modelo de política social en el país, sistematización de los análisis existentes y producción de otros que contribuyan a identificar a los grupos más empobrecidos o vulnerables a la pobreza.
- Debate sobre la posibilidad y pertinencia de combinar políticas universales con programas focalizados en grupos específicos, que atiendan a la diversidad y realidad cubanas.
- Definición transparente de cómo la actividad económica de los sectores privado, cooperativo y estatal va a contribuir a la política social.
- Comprometimiento desde el inicio de la potenciación de las micro, pequeñas y medianas empresas con la ampliación y garantía de derechos laborales, incluida la sindicalización no espuria de trabajadores y trabajadoras, la corresponsabilidad en los cuidados, las licencias de cuidados, parentales y por enfermedad, etc.
- Estímulo y aseguramiento de la participación económica de grupos que sabemos que están excluidos del sector no estatal de la economía y que, en esta coyuntura y con ese sector en primer plano, podrían quedar más desfavorecidos.
- Políticas concretas hacia las mujeres en el agro, que aseguren su inclusión como agentes económicos y como propietarias.
- Creación de mesas intersectoriales e interinstitucionales sobre los cuidados, que, aprovechando la experiencia nacional y de otros países de América Latina, realicen propuestas de cómo vincular, financiar y atender la crisis de cuidados verificada en el país.
- Producción de estadísticas que permitan dar seguimiento al proceso y comprobar periódicamente cómo se están produciendo los impactos de la crisis y las medidas para su contención.
- Habilitación, potenciación y consideración de la participación ciudadana en el curso del proceso, a través de vocerías de la sociedad civil e institucionales.
Las condiciones en que la sociedad cubana llega a esta crisis son sumamente diferentes a las de la década de 1990. Las desigualdades —socioeconómicas y sus cruces con las de género, raciales, territoriales y generacionales— son más graves. El empobrecimiento, más patente. La educación y la salud públicas universales e imprescindibles aseguran niveles importantes de amparo, pero no impiden la aceleración de los procesos de desigualación.
Para que de esta crisis y las medidas para afrontarla no resulte un aún más dramático ensanchamiento de las brechas sociales, se necesita una política estatal intencionada y sistemática. Sólo así el título de este texto dejará de ser una pregunta.
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Notas
- Los círculos infantiles públicos tienen capacidad para acoger a cerca del 23 % de los y las preescolares del país.
Este texto se publicó en: https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/nadie-quedara-desamparado-ii/
Créditos de la imagen:
• Foto del autor Alain L. Gutiérrez
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