En 1990, durante la clausura del V Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el entonces presidente Fidel Castro dijo: “Debemos estar preparados para las peores circunstancias (…) El principio general (…) quiero que ustedes sepan que sería, cuando menos, que lo que tengamos lo repartimos entre todos”. En la sala hubo aplausos. En muchas casas, probablemente, se agradeció que afrontar la crisis se pensara como un esfuerzo igualitario y cooperado.
Cuba no implementó ajustes neoliberales en ese periodo, como sí lo habían hecho ya buena parte de los países de la región que, por otras razones, también estaban en crisis. Se amplió el ámbito del mercado y se racionalizó el aparato estatal, se intentó atraer capital externo y crear las condiciones para el uso interno del dólar y otras divisas. Pero no se privatizó ningún servicio público ni la estructura productiva. El Estado no perdió su rol de coordinación. No se subordinó el acceso al trabajo a la existencia de un mercado laboral competitivo. Se mantuvieron circuitos de amparo social (sistemas públicos universales de salud y educación, canasta básica, pensiones, etc.) y se intentó contener el ensanchamiento de desventajas y exclusiones.
La crisis llegó a un país donde los niveles de pobreza eran bajos (6,6 % a mediados de la década de 1980) y el índice de desigualdad (coeficiente de Gini) era de 0.24, de los más bajos de la región. Aun así, la estructura socioclasista se transformó radicalmente. Los grupos empobrecidos se engrosaron. A inicios de la década de 2000, la pobreza urbana era del 20 %. La desigualdad se ensanchó.
En 2010, la situación del país no era la de los años 90, pero había crisis. El Gobierno debía liderar una reforma que mantuviera a flote la economía nacional y afrontara sus distorsiones, al tiempo que sorteara el recrudecimiento del bloqueo estadounidense al Gobierno y pueblo cubanos. Con ese impulso se crearon, debatieron y aprobaron los Lineamientos de la Actualización del Modelo Económico y Social. En el proceso que vino después, el liderazgo político reiteró que “en Cuba nadie quedará desamparado”. Pero el país ya había cambiado. Había gente, de facto, sin amparo. Esa promesa de salida igualitaria era, y es, más difícil de cumplir.
En 2019 la situación era peor que en 2010. La dirigencia política anunció que, aunque no sería lo mismo que en los 90, “la situación podría agravarse (…) Tenemos que prepararnos siempre para la peor variante”, dijo Raúl Castro, ex presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en un discurso ante el Parlamento.
A mediados de 2020, la pandemia de la COVID-19 lo ha agravado todo. La crisis arrecia en Cuba y el mundo. Para afrontarla, el Gobierno anunció reformas económicas que se espera que intervengan para bien en las distorsiones de la economía nacional. Se retomaron medidas o principios que ya se habían enunciado o ensayado a medias en momentos precedentes y se promete que ahora sí se implementarán.
Durante su alocución, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez volvió sobre la misma tesis: nadie quedará desamparado. Cómo se planea lograr eso es tan importante como la forma en que se van a implementar las medidas económicas. Las dos cuestiones necesitan formularse y responderse a la vez, sin escalonamiento, sin priorizar una sobre otra. No es posible saber si el camino económico propuesto es correcto hasta que no se sepa cuáles van a ser el modelo de política social y el programa de garantía de derechos que lo acompañan.
Al menos cuatro campos de esa realidad necesitan ahora atención urgente. En este texto analizo dos de ellos: considerar los efectos del mercado en divisas para la desigualdad y atender a los grupos sociales empobrecidos o más vulnerables a caer en la pobreza. En una segunda parte abordo los dos restantes: considerar las desigualdades que constituyen al sector no estatal y abrir el debate y la política económica a la consideración del trabajo no remunerado como trabajo y parte de la economía. También presentaré un decálogo de recomendaciones para pensar la desigualdad social junto al paquete de reformas.
1. Considerar los efectos del mercado en divisas para la desigualdad
Las primeras medidas implementadas a mediados de julio fueron la eliminación del gravamen que tenía el USD y la apertura de tiendas en esa moneda. El Estado necesita captar divisas. La medida es razonable. A la vez, coloca en primer plano la desigualdad de la sociedad cubana, verificada en la segmentación de grupos sociales: los que tienen acceso a USD y los que no.
En primera instancia, la medida no desiguala: quienes tenían acceso a MLC compraban los productos en un mercado informal con crecientes niveles de inflación. Pero a la larga podría profundizar esas desigualdades.
La vía más frecuente por la cual las personas obtienen divisas es a través de remesas, cuyo flujo tiende a canalizarse mediante líneas familiares.
De acuerdo con las cifras que informa la última Encuesta Nacional de Migración, el 77 % de las personas que se encuentran viviendo en el exterior de forma temporal o permanente envían algún tipo de ayuda (principalmente en metálico) a los integrantes de sus hogares de origen en Cuba. Pero recibir remesas no es aleatorio; hay un patrón. La misma encuesta permite confirmarlo.
Ese patrón, en la emigración, es racializado. Las personas blancas migran más que las negras y mestizas, considerando la proporción de esos grupos respecto a la población total. Las personas negras, por ejemplo, son el 11 % de la población cubana, pero el 5 % de las que viven en el exterior. Por otra parte, de quienes tienen familiares en el exterior, el 71 % son personas blancas, el 8 % negras y el 22 % mestizas. Lo mismo confirmaron los resultados de una encuesta nacional semi representativa realizada por el German Institute of Global and Area Studies, donde se concluye que la comunidad emigrada cubana actual no expresa la composición racial del país. En el estudio, del total de personas que declaró recibir remesas, el 78 % fueron blancos y el 22 % afrocubanos.1 Por tanto, las remesas en Cuba llegan más a personas blancas que de otro grupo racial.
Sumando, si eres una persona negra, tienes muchas menos probabilidades de recibir remesas y acceder a USD por esa vía, y más probabilidades de quedar al margen del mercado que comienza a expandirse con esa moneda. El nuevo escenario profundizará desigualdades previas, incluidas las raciales.
Más allá del análisis racial, se producirá una segmentación de grupos sociales con arreglo a la disponibilidad de una moneda con la que no se pagan los salarios en el país en ninguno de sus sectores económicos. Quienes no accedan a USD quedarán en los márgenes de ese mercado y/o deberán gestionar su acceso a través de los circuitos informales de compra de dólares. Reitero, esas desigualdades ya existían, pero ahora podrían formalizarse.
La situación es compleja y la solución no tiene que ser abortar las medidas sobre el mercado en divisas, pero lo dicho necesita considerarse. En primer lugar, es importante no perder de vista que esta tiene que ser una medida coyuntural y no a largo plazo ni estructural. Su mapa de salida debe pensarse desde el inicio, o bien generar compensaciones para quienes no tienen ni tendrán acceso a moneda libremente convertible.
Por otra parte, el anuncio oficial fue que las tiendas en MLC comercializarían productos de gamas media y alta. Pero es imprescindible asegurar que en las tiendas en CUC los productos básicos de línea económica existan y la única opción para adquirirlos no sea la de gamas superiores, comercializados en los dólares a los que una parte de la población no accede. En ello es necesario pulso firme, con los costos económicos que sean. El costo económico no asumido implicará un costo social muy alto, con potenciales consecuencias también para la estabilidad sociopolítica del país.
2. Atender a los grupos sociales empobrecidos o más vulnerables a caer en la pobreza
De la crisis de los años 90 resultaron claros ganadores y perdedores. Los estudios sociales muestran un perfil de quienes resultaron más desfavorecidos: mujeres en general, madres solteras, personas de la tercera edad, población negra y mestiza, trabajadores estatales en ocupaciones de baja calificación, territorios empobrecidos y sus migrantes hacia zonas de mayor desarrollo.
No existen cifras oficiales actualizadas sobre pobreza en Cuba. El economista Omar Everleny calculó en 2019 que alrededor del 51 % de la población cubana podría estar en riesgo de pobreza de ingresos. La cifra podría discutirse, teniendo en cuenta que los ingresos no provienen solo de los salarios en el sector estatal. Pero lo cierto es que la pobreza ha aumentado respecto a los años 90 y la desigualdad también.
Frente a esa situación y en medio de una crisis agravada, es necesario repensar los mecanismos de protección social imprescindibles para que nadie quede sin amparo y para preservar los “espacios de igualdad” que aún quedan en la sociedad cubana.
Como parte del anuncio de las nuevas medidas, el presidente insistió en esos espacios de igualdad. “Aquí se entregan las mismas libras de arroz por la canasta al campesino, al que tiene una paladar, al que vive en la ciudad y al que trabaja para el Estado”, dijo. Se refería a los productos subsidiados y distribuidos por la política de racionamiento de alimentos que, durante el pico de la emergencia sanitaria, ha incluido también la distribución regulada de productos no subsidiados.
Pero transformar la política económica sin hacer lo mismo con la política social puede ser un despropósito.
La socióloga Mayra Espina ha identificado tres déficits en la política social cubana que, a pesar de sus objetivos democratizadores, redundan en la reproducción de desigualdades: déficit de sustentabilidad económica (gastos sociales siempre por encima del crecimiento del producto interno bruto), déficit de diversidad (identificación de la igualdad con homogeneidad de necesidades y satisfactores) y déficit de participación (diseño centralista y sectorial de la toma de decisiones). En medio de una crisis tan aguda para Cuba y el mundo, es necesario repensar el modelo de política social. No es necesariamente virtuoso asignar la misma cantidad de arroz a quienes más lo necesitan y a quienes no, si eso no asegura una óptima redistribución que atienda al país que realmente tenemos.
El asunto se está debatiendo desde distintas orillas. Algunos Gobiernos latinoamericanos están explorando seriamente crear un ingreso básico de emergencia para paliar la crisis. La contracción de las economías global, regionales y nacionales ya es un hecho. La desigualdad aumentará estrepitosamente y millones de personas engrosarán las bancadas de la pobreza, que ya eran numerosas.
Para hacer frente a esa situación, en muchos países se han dispuesto medidas de contingencia. Se han ampliado los programas previamente existentes de Transferencias Monetarias a personas y familias empobrecidas y se ha expandido el alcance y monto de los bonos en metálico en otros lugares. Las medidas son insuficientes hasta el momento, porque la pobreza ya era demasiado grande y porque han sido concebidas por periodos muy cortos, debido al déficit fiscal de los países y/o a la desidia de los Gobiernos.
Por otra parte, antes de esta crisis, ya había una crítica poderosa a las políticas focalizadas de asistencia social en la región, habitualmente maternalistas y desconectadas de políticas de acceso al empleo y a servicios universales y gratuitos de salud y educación, con los que sí cuenta Cuba. En medio de ese escenario, en todos los lugares se está discutiendo sobre los modelos de política social. España habilitó una política de Ingreso Mínimo Vital que ha sido muy discutida. En Argentina, México y Costa Rica, voces democratizadoras intentan hacer avanzar este debate. En otras regiones, la pertinencia de una renta básica universal continúa ganando terreno.
Si Cuba está abriendo una reforma potencialmente transformadora de las distorsiones de la economía nacional, es imprescindible afrontar también la discusión sobre el modelo de política social. ¿Podemos combinar políticas universalistas con otras más eficientemente focalizadas, que apoyen a las personas más necesitadas? ¿Pueden definirse con transparencia cuáles fondos de la política impositiva al sector no estatal y de los aportes del sector estatal irán a la protección de las personas más desfavorecidas? ¿Pueden los Gobiernos locales tener un papel más activo y creativo en el diseño y la implementación de políticas de protección social? ¿Es posible repensar el modelo de asignación de las pensiones de asistencia social y sus montos, hoy muy precarios?
Si bien asegurar arroz a todas las personas, independientemente de sus ingresos, es un buen titular de la voluntad igualitaria, no asegura que nadie quede sin amparo. La reforma de la política social es urgente.
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Notas
- En el estudio, la categoría “afrocubanos” integra a la población negra y mestiza.
Este texto fue publicado en: https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/nadie-quedara-desamparado-i/
Créditos de la imagen:
• Foto del autor Gian Carlo Marzall
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