Las consecuencias profundas de la crisis asociada a la covid-19 dicen más de la situación precedente y las contradicciones acumuladas que de la sola coyuntura, además de poner de presente las desigualdades de nuestras sociedades, la desprotección y el despojo de grandes grupos y la perversidad con la que los poderes impunes del mercado y de la política despótica administran la vida y la muerte.
Las mujeres son más vulnerables desde el punto de vista social, porque son las principales cuidadoras en los sistemas de salud y están más expuestas al contagio; la crisis aumenta el trabajo de cuidados y para reproducir la vida que ellas hacen en los hogares; y pone en riesgo sus derechos sexuales y reproductivos porque los recursos médicos se reorientan a la emergencia. Por lo anterior, organizaciones internacionales y voces feministas insisten en que es imprescindible que los gobiernos transversalicen con lentes de género las medidas para enfrentar la crisis y aseguren que las mujeres no se conviertan en sus principales amortiguadoras.
Durante esta crisis global, la violencia doméstica ha escalado, acrecentada por los controles adicionales que el confinamiento otorga a los agresores. En muchos países y ciudades, los registros policiales y las líneas de atención a víctimas de violencia de género se han sobresaturado.
En América Latina la situación no es distinta y más bien se agrava debido a los altos índices de violencia de género que ya existían y que ahora se incrementan: inmediatamente después de que comenzaron las restricciones de movilidad, ha habido un marcado aumento de la violencia doméstica y, especialmente, de la violencia sobre las mujeres y menores en los hogares. El quedarse en casa coloca a unas y no a otros en situaciones de violencia y peligro para su vida.
Por todo lo anterior, es imprescindible que los gobiernos tomen medidas urgentes que precautelen los derechos de las mujeres y las protejan. Aun cuando algunos países han comenzado a hacerlo, el panorama regional no es alentador.
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