La ciudadanía republicana: el género y otros “márgenes”*

En Cuba, está teniendo lugar un “retorno al ciudadano” como categoría política. A diferencia de décadas anteriores, donde el “pueblo” era el núcleo principal del discurso oficial en sus diferentes despliegues, hoy la ciudadanía comunica, con mayor frecuencia, programas políticos “desde arriba”.[1] El asunto no es retórico. Informa un giro en el sujeto con el cual el poder político busca comunicarse y plantea, entonces, la necesidad de pensar quiénes somos los ciudadanos y que implica ello para la Cuba presente y por venir.

En una investigación realizada hace pocos años en Cuba,[2] se le preguntó a personas al azar qué era ser ciudadano y si los ciudadanos tienen deberes y derechos. Una delegada municipal del poder popular, cuentapropista, respondió: “Tengo derechos, por supuesto, a caminar libremente por la calle, a hacer todo lo que yo quiera, a ir al cine, al teatro, respetar la bandera, el himno. Como ciudadana no tengo límites, lo que no tengo es dinero”.

El fragmento me interesa aquí porque muestra el quiebre entre la “ciudadanía material” y la “ciudadanía formal”. Esa es, precisamente, la tensión fundamental de la ciudadanía: la brecha existente entre la igualdad cívico política y la desigualdad socioeconómica. De esa cuestión se han ocupado en extenso las teorías al respecto, y constituye un núcleo político escencial para pensar la re-aparición de la ciudadanía en las plazas públicas cubanas. De las implicaciones de esa tensión me ocupo enseguida.

Dicha tensión es relevante solo para una concepción específica de la ciudadanía: la republicana. El liberalismo, por ejemplo, la considera un despropósito porque entiende que los asuntos económicos, relacionados con la propiedad, pertenecen al ámbito de lo privado y que no influyen en la realidad de la ciudadanía.[3] Allí la ciudadanía remite –solo– a un status formal de plena pertenencia a la comunidad política. Considerada de esa manera, el despliegue de la ciudadanía no estaría afectado, en principio, por la desposesión material. Pero aún hay más: la intervención de los poderes públicos para “corregir” la existencia de monopolios de la propiedad que desposeen a otros atentaría contra la esfera de la libertad individual al interferir en ella, al tiempo que la libertad es el núcleo central de la vida política. Con todo, para esa concepción, la desigualdad económica no opera en detrimento de la ciudadanía: los hombres son iguales ante la ley y en tanto miembros soberanos del cuerpo político, aun cuando sean protagonistas desiguales del juego económico que tiene lugar en la “sociedad civil”. (Andrenacci, 2001) La entrevistada cubana tendría razón: como ciudadana no tiene límites, lo que no tiene es dinero.

Los errores de los postulados liberales han sido verificados históricamente. Menciono dos ejemplos: en la Europa de la primera mitad del XIX a los obreros industriales se les negaba el derecho de sufragio con el argumento de que dependían de otros —los patronos— para vivir (Domenech, 2000); igualmente, en muchas de las nacientes repúblicas latinoamericanas, la distinción entre “ciudadanos” y “nacionales” se instituyó a través de criterios relacionados con la posesión o ausencia de propiedades: quien no tuviera propiedades o ingreso mínimo no se incluía, por ser dependiente, dentro del cuerpo político de la nación. (Barragán, 1999) No era, entonces, ciudadano. Con estas referencias ilustro una tesis históricamente comprobada: la propiedad es un asunto de la mayor importancia política.

Si bien la concepción liberal de la ciudadanía —amparada en la escición entre la política y lo económico— ha sido de enorme publicidad, no es el único enfoque sobre ella. El republicanismo disputa las tesis liberales desde tres lugares centrales: primero, considera que la ciudadanía —y no la libertad— es el núcleo de la vida política; segundo, afirma que la ciudadanía supone una base material autónoma que provea independencia; por tanto, en tercer lugar, entiende vital la democratización de la propiedad como cuestión central de la democracia, capaz de garantizar a la comunidad política la autonomía para el ejercicio de su vida civil. Por lo anterior, el republicanismo declara la incompatibilidad entre la falta de acceso a la propiedad y la pertenencia plena, y universal, a una comunidad política. De acuerdo con ello, la concepción republicana defiende que la intervención no-arbitraria —esto es, regulada con legalidad y legitimidad— de los poderes públicos en el ámbito de la propiedad para democratizarla no atenta contra la libertad. La libertad aquí se califica como “no-dominación”: es libre quien no puede ser arbitrariamente interferido por otros porque cuenta con las bases materiales que aseguran su independencia, su autogobierno.[4] (Bertomeu y Domenech, 2005)

Hasta aquí he destacado que las condiciones materiales de la existencia importan para hablar de, y construir, ciudadanías. Enfatizo, a la vez, en la necesidad de pensar en esos términos las ciudadanías en Cuba. Dicho esto, propongo otro paso sugerido por el siguiente hecho: la historia de la ciudadanía es la historia de la reproducción de las desigualdades, crecientes y ampliadas por recurrentes procesos de expropiación y de desigualdad generizados y racializados. El escenario cubano informa sobre ellos.

El proyecto político cubano post-1959 ha tenido como uno de sus núcleos, “puertas dentro” y “puertas afuera”, su atención primaria por la igualdad y la promoción de la equidad social. Desde el inicio de la experiencia socialista se priorizó la esfera social y, aún durante la crisis y reforma económica en los 1990, la proporción del gasto público social con relación al PIB se mantuvo por encima del 20% (Oficina Nacional de Estadísticas, 2010: 131-140). En términos de promoción de la equidad, como ha señalado exahustivamente Mayra Espina, la experiencia cubana muestra que la universalización de los derechos sociales de ciudadanía, a través de una amplia intervención estatal y de su regulación en todas las esferas y de servicios, ha promovido integración social a las más amplias mayorías, aun en condiciones de poco crecimiento económico. (Espina, 2012)

Sin desconocer lo anterior, la solución ha mostrado carencias relevantes para el argumento que defiendo aquí. La pervivencia de patrones de desigualdad socioeconómica en Cuba operan con arreglo a pertenencias de género y “raza”. Los estudios en esas áreas muestran la persistencia de procesos históricos de reproducción de desventajas para las mujeres y para las personas no-blancas. Ello se verifica en una sobrerepresentación de mujeres y personas no blancas en los grupos de menores ingresos y en la franja de pobreza (Espina, 2008); una subrepresentación de mujeres y personas no blancas en el sector no-estatal de la economía, que es el que provee mayores ingresos; una subrepresentación de mujeres como receptoras de remesas orientadas a la actividad productiva, una sobrerepresentación de ellas como receptoras de remesas destinadas a la reproducción doméstica (Delgado, 2016); una subrepresentación de personas no-blancas como receptoras de remesas en general (Delgado, 2016); una diferenciación de ingresos entre mujeres y hombres a favor de los últimos (Pérez, 2004); una subrepresentación de las mujeres en el sector del turismo y su concentración en ocupaciones de menor calificación; una mayor carga de horas de trabajo en el hogar y a las actividades de cuidado; y una sobrerepresentación de las personas no-blancas en la población desocupada. (ONE, 2006)

El mapa se completa con otro tipo de información. En lo que va de siglo, las mujeres (Echeverría, 2004) y personas no blancas están subrepresentadas en los cargos de dirección (ONE, 2006). En el caso de las primeras, lo mismo opera en el campo de la política institucional a nivel de base: en los niveles más altos de la política (provincial y nacional), mujeres y hombres aparecen representados paritariamente, lo cual responde a legítimas políticas afirmativas de equidad de género en dichos puestos (Hernández, 2014)[5]; pero cuando se examinan los espacios locales de la política ―que es donde los representantes políticos son electos directamente por la ciudadanía― las mujeres tienen menos presencia, develando una brecha de desigualdad en el acceso a los canales de intervención en el poder público. (Guanche, 2011)

Antes dije que considero políticamente más fecunda, y teóricamente más sólida, la concepción republicana de la ciudadanía, que afirma la determinación mutua entre los mundos de la política y de la economía y que, por ello, defiende que solo con una base material que provea independencia será posible el despliegue de la virtud ciudadana. Con lo dicho en las últimas páginas añado otra dimensión: las pertenencias “raciales” y de género importan sobremanera para las efectivas posibilidades de despliegue de la ciudadanía. Las mujeres y las personas no-blancas, argumenté, ocupan lugares inferiores en el orden de reproducción económica y, a la vez, tienen menos posibilidades de inserción en los circuitos de participación política.

Con esto último llamo la atención sobre la medida en que las situaciones de dependencia material limitan la libertad política es solo una parte del problema; pues la dependencia, y la subordinación, conforman y se sostienen en complejas “geometrías de la opresión” donde se entrecruzan dimensiones de distinto orden. De modo sintético podría plantearse así: determinados problemas de explotación y de desigualdad no quedan redimidos por conferir acceso repartido a los recursos materiales. Por el contrario, existen desigualdades localizables en problemas de reconocimiento injusto, que interpretan y comunican códigos culturales productores de asimetrías en el acceso a la ciudadanía. (Fraser, 2006)

Con todo, las ciudadanías “de segunda” pueden provenir de prohibiciones civiles, de la desposesión de recursos, y/o de estigmas culturales que impiden el acceso de personas como libres e iguales a las esferas civil y social. El género y la raza/etnicidad han sido, efectivamente, dos ámbitos privilegiados de esa discusión que han develado cómo operan esas discusiones en el presente. Empero, la exclusión de mujeres, pobres, grupos raciales o étnicos no es un problema solo contemporáneo.

En las puertas de la modernidad europea, la exclusión de las mujeres, pobres y esclavos era la pauta para la conformación de los criterios de pertenencia a una comunidad política nacional que ofrecía derechos y asignaba status. Alrededor del particular, giraron encarnadas discusiones durante la revolución francesa y grupos organizados de mujeres reclamaron en alta voz por “Derechos de la mujer y la ciudadana”.[6] (Pisarello, 2012) Las personas esclavizadas, por su parte, hicieron el reclamo del modo más radical posible: la revolución que tuvo a Haití como escenario y a la ciudadanía como código de apelación a igualdad y libertad recíproca.

En línea similar, en América latina las constituciones post-independentistas presumieron que “las mujeres tenían una nacionalidad pero no una ciudadanía definida para el ejercicio de derechos políticos”; proclamaron la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley pero definieron la ciudadanía implícitamente como un dominio masculino, donde los hombres tenían derecho de administrar el patrimonio común de la sociedad conyugal y la propiedad de la mujer previa al casamiento (Deere y León, 2002). Ellas, por lo pronto, les debían obediencia y fidelidad. A la vez, las mujeres, por largo tiempo —en algunas naciones latinoamericanas hasta finales del siglo xx— tuvieron un limitado o ningún derecho de propiedad (Deere y León, 2002); y las comunidades indígenas y afrodescendientes han estado sujetas a continuados procesos de desposesión. Con todo, la ciudadanía fue por largo tiempo —y en algunos sentidos aún lo es— un privilegio para “hombres con honra y fama”. (Barragán, 1999) Ser blanco, hombre, y tener propiedades asignaba de suyo un status superior en el orden sociopolítico.

Ni el liberalismo y el republicanismo tradicionales han podido dar una respuesta firme al asunto de las diferencias. La prioridad que ambas tradiciones dan a “la cuestión política” —aunque diferente entre ellas— eclipsa los modos en que las pertenencias identitarias se procesan dentro de las comunidades ciudadanas.

Una zona del liberalismo considera la importancia de lo cultural por su relevancia ético política.[7] Supone que la existencia de multiplicidad de actores evita la acumulación de poder por parte de alguno de ellos. Sin embargo, desconsidera que ello transcurre dentro de un marco acotado (elitario) donde no todos los sujetos y los grupos se encuentran en el mismo punto de partida: no pueden hacer uso de similares recursos porque ocupan, de inicio, posiciones diferentes e inferiores en el orden de lo económico y de lo político.

La opción republicana también presenta problemas para incorporar una visión sustantiva sobre el manejo de las diferencias. Algunos republicanos enfatizan en la necesidad de “alejarse de planteamientos etnicistas y particularistas y recuperar lo social, la lucha de clases y el universalismo laico y republicano”. (Amsell, 2013) Para argumentarlo, sostienen que los miembros de los “supuestos grupos sociales” no tienen pertenencias estables a dichos grupos, sino que su identidad es múltiple; en consecuencia, quienes declaren reivindicaciones desde alguno de esos lugares, estarían encerrando a los actores sociales en mono-identidades. La clase social es el ámbito relevante y legítimo; el resto, incluidas las identidades raciales o de género, deben interesar solo en un segundo plano: “¡Claro que existen las discriminaciones! ¿Pero qué hay que poner en el primer plano? ¿Esas discriminaciones o la cuestión social?”.  (Amsell, 2013) Su respuesta es el último asunto.

Otras variantes dentro del republicanismo sí consideran imperiosa la discusión sobre cómo procesar la diversidad; y defienden que los tópicos republicanos —al menos los contemporáneos— ofrecen posibilidades para ello: la ciudadanía republicana se articula en torno a valores civiles y a una lealtad al orden jurídico-institucional, y está exenta, en principio, de atributos étnicos y culturales; por tanto, la diversidad tendría una respuesta política: enfatizaría en que la ciudadanía se obtiene por medios políticos. A diferencia de la solución liberal, el republicanismo no supone que todos llegan en las mismas condiciones a deliberar sobre sus diferencias. Por el contrario, entiende que las condiciones formales y materiales que posibilitan la conduccion de la vida propia deben ser reguladas políticamente para asegurar la autonomía recíproca. De ese modo, lejos de negar la diversidad cultural —de ignorar las diferentes identidades coexistentes— lo que se trata es de hacerlas posibles. (Velasco, 2006)

En este último argumento la pasión política prima por sobre la diferencia cultural: “el patriotismo republicano tiene una dimensión cultural, pero es primariamente una pasión política basada en la experiencia de la ciudadanía, o en elementos prepolíticos comunes derivados del haber nacido en el mismo territorio, pertenecer a la misma raza, hablar la misma lengua, adorar a los mismos dioses o tener las mismas costumbres”. (Viroli, 2001:7) Precisamente, en ese argumento encuentro una falla sustantiva: la “raza” y la etnicidad, tanto como la religión, se consideran categorías naturales de la diferencia, que anteceden las relaciones sociales y políticas. De ese modo, tal argumento republicano ignora que ellas han sido configuradas por relaciones de poder, controvertidas e históricamente contingentes. Considerar que ser mujer, o negra, es un elemento prepolítico, ignora la realidad explícita de que esas son categorías incontrovertibles de dominación.

Dos de las soluciones contemporáneas más extendidas que enfrentan directamente esta cuestión, han sido la del multiculturalismo y la que plantea el problema de la subordinación como un asunto bidimensional que reconoce integración entre los análisis del reconocimiento —cultural— y la redistribución —económica—. Ellas encarnan argumentos liberales y republicanos, respectivamente, con resultados más precisos sobre la cuestión de la diversidad.

La prioridad del multiculturalismo es la creación e implementación de “políticas de reconocimiento”, concentradas en viabilizar las diferencias e integrarlas. Allí la demanda central es la afirmación de la diferencia y la demanda de su reconocimiento dentro de las comunidades políticas previamente estructuradas. De acuerdo con ello, no haría falta cuestionar los regímenes de la propiedad que configuran las sociedades desiguales; las clases sociales no serían un campo de cuestionamiento; y las desigualdades, al ser resultado de una falta de justo reconocimiento de grupos podrían corregirse una vez que estas se desestructuraran. (Taylor, 2001) Siendo así, la ciudadanía reclamada por el multiculturalismo es una ciudadanía que demanda igualación del status cultural, pero no una equiparación socioeconómica que ponga en cuestión las bases estructurales o políticas de la sociedad. Por ese camino abrieron la puerta al ímpetu neoliberal que responsabiliza a la sociedad civil de las problemáticas de grupos sociales desfavorecidos, mientras les reconoce como diferentes culturalmente: se tolera las diferencias en el campo de la “cultura”, sin que ello participe del debate decisorio sobre la organización de la economía ni genere formas de vida política que aspiren a constituirse en “oficiales”. (Díaz-Polanco, 2007)

En el plano teórico, la respuesta que considero más contundente y coherente con las preocupaciones republicanas sobre la ciudadanía es la que entiende que la antítesis entre redistribución de la renta y reconocimiento cultural es falsa, porque las desigualdades se estructuran bidimensionalmente: los grupos subordinados padecen tanto una mala distribución (de clase) como un reconocimiento (cultural) injusto. El hecho opera en formas en las que ninguna de estas injusticias es un efecto indirecto de la otra, sino que ambas son primarias y co-originales. Por tanto, no basta ni una política de redistribución ni una de reconocimiento si vienen solas: se necesitan ambas. Siendo así, es tan necesaria la mirada hacia las injusticias eco­nómicas específicas de género, “raza” y sexo como las dimensiones de reconocimiento de las luchas de clase. (Fraser, 2006)

La explicación de esta autora sobre el modo en que el género constituye una subordinación bidimensional es harto reveladora: “Desde el punto de vista distributivo, el gé­nero sirve de principio organizador básico de la estructura económica de la sociedad capi­talista: […] estructura la división fundamental entre trabajo retribuido, “produc­tivo”, y trabajo no retribuido, “reproductivo” y doméstico, asignando a las mujeres la responsa­bilidad primaria de este último, y […] estructura también la división, den­tro del trabajo pagado, entre las ocupaciones de fabricación y profesionales, de salarios altos y predominio masculino, y las ocupaciones de “delantal” y de servicio doméstico, de salarios bajos y predominio femenino. El resultado es una estructura económica que genera formas de injusticia distributiva, específicas de género, incluyendo la explotación basada en el género, la marginación económica y la privación. En este caso, el género aparece como una di­ferenciación […] que está enraizada en la estructura económica de la sociedad. [Además], el género [es] una diferenciación de estatus: […] el género codifica patrones culturales omnipresentes de interpretación y evaluación, que son fundamentales para el orden de estatus en su conjunto. En consecuen­cia, no sólo las mujeres, sino todos los grupos de estatus inferior corren el riesgo de la femini­zación y, por tanto de la depreciación. Así pues, una característica importante de la injusticia de género es el androcentrismo: un patrón institucionalizado de valor cultu­ral que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad, al tiempo que devalúa todo lo codificado “femenino”, paradigmáticamente, pero no sólo, las mujeres. […] El género, en suma, […] combina una dimensión similar a la de la clase social, que la sitúa en el ámbito de la redistribución, con una dimensión de estatus, que la incluye simultáneamente en el ámbito del reconocimiento”. (Fraser, 2006)

Con todo, se pone de manifiesto el modo en que la diferenciación por género ha llegado a ser un factor de estratificación social, constitutivo y constituyente tanto del ámbito del reconocimiento como de la redistribución.

Antes dije que la propiedad confiere autonomía, y que la autonomía es el signo de la libertad que posibilita la pertenencia plena a las comunidades políticas; esto es, el ejercicio de la ciudadanía. Ahora declaro que las posibilidades de construir autonomía material no es solo una cuestión económica, sino que propietarios y no-propietarios se constituyen en categorías también culturales que delimitan el demos político que define la ciudadanía.

Partiendo de la estructura bidimensional de la dominación, la teoría propugnada por Fraser permite comprender con mayor acierto, por ejemplo, cómo se conecta la sobrerepresentación de las mujeres cubanas en las franjas de pobreza con su subrepresentación en los órganos de los sistemas políticos de base o en puestos directivos. Igualmente, este enfoque permite colocar en la agenda política cubana la necesidad de intervenir, republicanamente, en la construcción de bases de autonomías para las mujeres, personas no blancas, y otros grupos desfavorecidos que cuestionen, también, las jerarquíasculturales; al tiempo que promover en la ciudadanía la construcción de demandas redistributivas gestadas en las pertenencias culturales.

Con lo dicho, ¿cómo pensar la ciudadanía como núcleo político que reemerge en las plazas públicas cubanas? La propuesta de este texto atiende a la necesidad de atender a la tradición republicana democrática como camino realmente democratizador de los mundos de la política y de la economía y, además, a la necesidad de pensarnos como ciudadanos atendiendo a las “geometrías” que constituyen las desigualdades sociales. Desde ahí, entiendo que será políticamente más fecundo dialogar con las propuestas “desde arriba” y construir, ojalá colectivamente, propuestas “desde abajo”.

Referencias:

• Amselle, Jean-Loup (2013) “Hay que alejarse de planteamientos etnicistas y particularistas y recuperar lo social, la lucha de clases y el universalismo laico y republicano”. Entrevista. Disponible es: http://www.sinpermiso.info/textos/hay-que-alejarse-de-planteamientos-etnicistas-y-particularistas-y-recuperar-lo-social-la-lucha-de
• Andrenacci, Luciano (2001) “De Civitas Inaequalis. Elementos para una teoría de la ciudadanía1”.Ponencia presentada al Vº Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP); Universidad Nacional de Río Cuarto, 14 al 17 de noviembre de 2001.
• Barragán, Rossana (1999). Indios, mujeres y ciudadanos: legislación y ejercicio de la ciudadanía (siglo XIX). Ed: Diálogos, La Paz.
• Bertomeu, María Julia y Antoni Domènech (2005) “Algunas consideracionessobre método y substancia normativa en el debate republicano”. En: M. J. Bertomeu, A.Domènech y A. de Francisco. (comp) Republicanismo y democracia. Ed: Miño y Dávila Editores, Buenos Aires.
• Deere, C. D. y León, M. (2002). Género, propiedad y empoderamiento: Tierra, estado y mercado en América Latina. Ed: Universidad Nacional Autónoma de México; FLACSO Sede Ecuador. México DF, Quito.
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• Díaz-Polanco, H. (2007). Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia. Ed: Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinello, La Habana.
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• Espina Prieto, Mayra Paula (2008) Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana. Argentina: Colección CLACSO-CROP.
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• Guanche, Julio C. (2011) Estado, participación y representación políticas en Cuba: Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992. (Buenos Aires: CLACSO. Documentos de Trabajo).Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar>.
• Hernández, Rafael (2014). “Demografía política e institucionalidad. Apuntes sociológicos sobre las estructuras políticas en Cuba”. Disponible en: https://lapupilainsomne.wordpress.com/2014/07/28/demografia-politica-e-institucionalidad-apuntes-sociologicos-sobre-las-estructuras-politicas-en-cuba/
• Mouffe, Chantal. (1999) El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Ed: Paidós Ibérica, S.A., Barcelona y Editorial Paldós, SAICF, Buenos Aires
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• Pisarello, Gerardo (2012) Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Ed: Corte Constitucional para el periodo de transición,Quito.
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• Torres Santana, Ailynn y Ortega González, Diosnara (2014) De lo posible y lo necesario. Estudio sobre culturas políticas en Cuba. Informe de investigación. (Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello).
• Velasco, Juan Carlos (2006) “La noción republicana de ciudadanía y la diversidad cultural”. En: Isegoría, No. 33, pp. 191-206.
• Viroli, Maurizio (2001) “El sentido olvidado del patriotismo republicano”. En: Isegoría, No. 24.

Notas:

* Algunas ideas contenidas en este texto aparecen en mi ensayo “Los costos de la vida: (re)pensar la ciudadanía para los ciudadanos”, Premio Temas de Ensayo 2016, de próxima aparición en esa revista.

[1] En el informe del V Congreso del PCC (1995), por ejemplo, aparece sobre cuatro veces la palabra ciudadano, mientras que en los textos Conceptualización del modelo económico y social de desarrollo socialista y Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030, aparece más de treinta veces en cada uno ―tanto como en la Constitución cubana vigente―.

[2] Torres Santana, Ailynn y Ortega González, Diosnara (2014)

[3] Una excepción en esta línea es la del liberalismo igualitario representado Rawls o Dworkin. Ellos se preocupan por la justicia y el pluralismo aunque enuncian la cuestión de la libertad –entendida como no interferencia– como central de la política. Ello tiene consecuencias para pensar el conjunto de la ciudadanía, como muestro en lo que sigue.

[4] La interferencia no arbitraria, dentro del republicanismo, no sólo no disminuyen en nada la libertad, sino que la protege y aun la aumenta. Siendo así, cuando el Estado interviene positivamente, a través de políticas públicas o cualquier otro mecanismo que asegure la independencia personal de sus ciudadanos, no se considera interferencia, pues ello ha de estar regulado institucionalmente, y no moralmente. (Domench, 2000)

[5] Este texto es resultado de una ponencia presentada por el autor en un evento organizado por la Revista Espacio Laicalen 2014. El debate puede consultarse aquí: http://www.espaciolaical.org/contens/38/4751.pdf

[6] Como han argumentado las teóricas feministas, el dominio público de la ciudadanía moderna se basó en la negación de la participación de las mujeres. Esta exclusión se consideraba indispensable para postular la generalidad y la universalidad de la esfera pública. La distinción público/privado, fundamental en la afirmación de la libertad individual, condujo a la identificación de lo privado con lo doméstico y desempeñó un papel importante en la subordinación de las mujeres (Mouffe, 1999).

[7] Para una parte del liberalismo, hay una forma de la política del respeto igualitario que no tolera la diferencia, porque: a) insiste en una aplicación uniforme de las reglas que definen los derechos, sin excepción, y b) desconfía de las metas colectivas, mismas que son constituyentes de los diferentes grupos al interior de las comunidades políticas.

Este texto fue publicado en Cuba Posible: https://cubaposible.com/la-ciudadania-republicana-genero-otros-margenes/