Cuba Posible
En el actual contexto que vive el país, donde se trata de construir una transición del liderazgo histórico hacia una nueva generación de actores, el tema de la sociedad civil alcanza una dimensión crucial como elemento generador de consensos en Cuba. Sin embargo, el tema es peliagudo y estamos obligados a comprender la manera de enrumbar positivamente la institucionalización de los actores sociales y políticos cubanos en el siglo XXI. Para ahondar en el análisis de la cuestión y atisbar posibles soluciones, participan en este espacio Lenier González, comunicador y vice-coordinador general de Cuba Posible; Dmitri Prieto, jurista y antropólogo; José Jasán Nieves, periodista; Ovidio D´Angelo, investigador y sociólogo y Ailynn Torres, investigadora y socióloga.
1. ¿Cuáles son actualmente las categorías socio-(a)legales de actores destacados en la esfera pública cubana que se consideran representativos de la sociedad? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto?
Lenier González: La pregunta podría generar una búsqueda interesante sobre dos aspectos cruciales: 1) la composición actual de la sociedad civil insular y 2) la “capacidad de representación” de esos actores con respecto a intereses presentes en la sociedad cubana. Aclaro que intentaré dar respuestas comprometidas con la implementación en Cuba de políticas públicas que faciliten el empoderamiento creciente de actores sociales diversos para que estos, en dinámicas de interacción con la sociedad política, faciliten una rearticulación del consenso en el país que permita avanzar juntos hacia el futuro.
El modelo sociopolítico cubano, y los espacios que este brinda para la organización y participación social, deben ser reformados y puestos a tono con los desafíos del país y del mundo en el siglo XXI. Sin embargo, resulta reduccionista y falso, adjudicar a “la vocación totalitaria del Gobierno cubano” la causa primera y última que justifica un diseño singular de la participación social, obviando en el argumento otros elementos de vital importancia que explican el por qué de las cosas. Es por ello que resulta imposible opinar sobre el presente, sin mirar y buscar sus causas en el pasado.
La reducción de los espacios sociales autónomos, incluso para el ejercicio político diverso al oficial en los años posteriores del triunfo de la Revolución, debemos verlo en el contexto de un fuerte enfrentamiento nacional, que contó con el apoyo norteamericano a favor de una de las partes contendientes. Mientras el país vivía una trasformación arrolladora en todos los órdenes, que abrió las puertas a nuevos modos de participación y al efectivo ejercicio de derechos sociales de amplios sectores populares antes preteridos, en paralelo se vivía una fuerte lucha ideológica y armada de oposición a esos procesos. Esa lucha implicó la movilización, en el bando “revolucionario” y en el “contrarrevolucionario”, de decenas de miles de jóvenes en campos y ciudades.
Para la contención de los sectores nacionales que le eran adversos, el joven Gobierno revolucionario restringió muchas libertades individuales y espacios políticos heredados de la Segunda República, con el propósito de abortar la posibilidad de que esos grupos pudiesen organizarse, influir socialmente y tener acceso al poder. El gran conflicto nacional entre 1960 y 1965 –“guerra civil” para unos y “lucha contra bandidos” para otros- es la primera gran mediación que debemos ponderar para entender cómo y por qué el poder revolucionario acotó en el país a las organizaciones sociales y políticas fuera de su control, y sometió a una fuerte vigilancia al entramado de instituciones religiosas, organizaciones fraternales y a cualquier otra entidad con un vestigio de autonomía. Algunas de estas últimas entidades sociales también habían estado involucradas, de manera directa e indirecta, en el conflicto.
La legitimidad de “lo político” quedó limitada al eje Movimiento 26 de Julio-Movimiento 13 de Marzo-Partido Socialista Popular. En el centro de estas tres fuerzas políticas estaba el liderazgo de Fidel Castro, quien ejerció la difícil tarea de moderar a tres conglomerados humanos que compartían las metas históricas del nacionalismo cubano, pero que discrepaban en las tácticas, estrategias y metodologías para acometer las transformaciones revolucionarias, al venir de tradiciones políticas e ideológicas marcadamente diferentes.
La segunda gran mediación es la institucionalización que comienza en 1976 y consagra en el país un modelo sociopolítico cuya arquitectura institucional fue copiada del modelo soviético. La Constitución de 1976 coloca sobre los hombros de las llamadas organizaciones políticas y de masas el rol de representar los intereses generales de la sociedad cubana. Ellas fueron el eje central de la movilización popular: en torno a ellas se ejerció la política en Cuba con la participación activa de los más amplios sectores nacionales. El modelo político del 76 coloca al Partido Comunista (PCC) en la cúspide del poder insular, consagra la nación en la ideología marxista-leninista, y acopla bajo su liderazgo a todas las organizaciones políticas y de masas, convertidas, en la práctica, en sus correas de transmisión.
Detrás de estos dos grandes eventos históricos que condicionaron la organización de la sociedad cubana –el conflicto civil de los años 60 y la institucionalización de un modelo de tipo soviético-, hay otros dos elementos de mucho peso que deben ser tenidos en cuenta. El primero de ellos es el constante componente de agresividad por parte de Estados Unidos, que siempre apostó por el derrocamiento del Gobierno cubano. Este elemento, sin dudas crucial, llevó a la construcción de un modelo de resistencia que impactó de forma severa la autonomía de lo social. El segundo elemento tiene que ver con un fuerte consenso presente en el imaginario de los jóvenes que se hacen con el poder en 1959: todos estaban convencidos de que la debilidad del Estado cubano era una de las principales causas del desgobierno republicano. El anhelo de un Estado fuerte, acompañado de un centralismo revolucionario que permitiera un control real de la política republicana, es posible rastrearlo en el pensamiento de los hombres que se convirtieron en clase política después de 1959. Este pensamiento, fuertemente conectado con el nacionalismo revolucionario cubano, exigía cuotas de lealtad severas por parte del entramado social.
Mucho antes del colapso del Bloque del Este, Cuba debió iniciar una senda de reconstrucción de su modelo sociopolítico, para ponerlo a tono con las transformaciones que tenían lugar en la sociedad. En los años 90, la propuesta más acabada sobre este tema crucial la realizaron los investigadores del Centro de Estudios de América (CEA), que pusieron un énfasis especial en el estudio del nuevo asociacionismo cubano e hicieron propuestas concretas para la implementación de políticas públicas que llevaran a una definición más participativa, dinámica y horizontal del socialismo cubano.
Al modelo de “sociedad civil socialista” defendido por el PCC -que implica la defensa irrestricta y mecánica de la legitimidad de esas organizaciones políticas y de masas- se le opuso, desde el exilio de Miami, el apoyo y promoción de grupos concebidos a la imagen y semejanza de la disidencia de Europa del Este. Esos grupos contaron con el apoyo, directo e indirecto, de las agencias federales del Gobierno norteamericano. Muchas asociaciones autónomas cubanas nacidas al calor de los años 80, incluidas organizaciones opositoras moderadas democristianas y socialdemócratas, murieron bajo el fuego cruzado del perpetuo enfrentamiento bipolar de la política cubana. Mientras, Estados Unidos arreció con todas sus fuerzas sobre Cuba.
La transformación del modelo cubano, que debió ocurrir hace décadas, no tuvo lugar. La Cuba de hoy, que encabeza el presidente Raúl Castro, vive con gran intensidad ese desafío postergado. En este contexto, ¿cuáles son las organizaciones o grupos más representativos de la sociedad civil cubana en la actualidad? ¿Cuáles de ellos son los más relevantes en la esfera pública cubana? La pregunta es desmesurada, pues aún está pendiente la tarea de hacer un mapa detallado de la sociedad civil cubana. En primera instancia, podríamos aventurarnos a mencionar, muy esquemáticamente, a las organizaciones sociales vinculadas al mundo oficial cubano y aquellas otras cuya principal misión es oponerse a este. Hablo de las entidades de la sociedad civil oficial y la sociedad civil opositora. Ambas realidades cuentan con sus respectivas esferas públicas para debatir y amplificar sus visiones de la realidad, y la capacidad de inclusión de otros actores en sus agendas mediáticas es bastante limitada.
Entre las entidades de la sociedad civil oficial encontramos a las organizaciones políticas y de masas y los sindicatos, muchas de ellas criaturas representativas de la institucionalidad revolucionaria que nace luego de 1959, después del colapso de la arquitectura de la Segunda República (FMC, ANAP, CDR, etc.). Se trata de espacios que, en muchos casos, han visto desvirtuada su identidad institucional y han terminado siendo coaptados por el Partido Comunista como mecanismos verticales de transmisión. Ello no quiere decir, en lo absoluto, que hayan dejado de tener impacto en la cotidianidad de sectores importantes del país, aunque con una influencia erosionada. Encontramos, también, a los centros de investigación, universidades, la gran red de espacios vinculados al sistema de la cultura a nivel nacional, más un largo etc. Allí es posible encontrar a los mejores intelectuales y cientistas sociales cubanos, personas con un análisis agudo de las principales problemáticas nacionales y sus potenciales soluciones.
La sociedad civil opositora nace al calor de la crisis del socialismo real en los 80, y a estas alturas, ya ha logrado renovarse tanto en nuevos actores como en nuevos proyectos. Siempre me gusta utilizar el atinado análisis del latinoamericanista alemán Bert Hoffmann para describir a este espectro de la sociedad civil cubana. Subraya Hoffmann el hecho de que una alta politización, caracterizada por la confrontación, hace que cualifiquen más como “una sociedad política opositora, que como una sociedad civil que articula intereses sociales específicos”. Explica que “aun cuando ellas se constituyen como asociaciones profesionales, la polarización política imperante las ha transformado de inmediato de forma tal que su primera y principal definición es la de ser anti-gobierno” (Hoffmann en Alonso 2002:36-45). Las élites políticas en la ciudad de Miami construyeron la percepción mediática -objetivo político que lograron a cabalidad-, de que este pequeño sector de la sociedad, era “la sociedad civil cubana”.
En medio de los micro-cosmos “oficial” y “anti-oficial”, encontramos a un grupo grande de actores sociales para los cuales el mundo ya no funciona desde la perspectiva dicotómica del conflicto nacional revolución versus contrarrevolución. Si bien esta realidad puede ser una mediación en algunos de ellos, no constituye el eje fundamental en torno al cual giran sus visiones y posturas. Se trata de un universo difuso de actores con miradas simplemente diferentes.
El accionar de buena parte de los proyectos en este sector, en términos de visibilidad y dinamismo, cobra fuerza en Cuba luego del relevo del poder en el 2006. Gracias al ensanchamiento del acceso ciudadano al ciberespacio, al surgimiento de redes alternativas de circulación de la información, a la reactivación del debate público y a la estructuración de “micro esferas públicas” para el debate, etc., se han podido desplegar agendas y quehaceres desvinculados de la perpetua dinámica de conflicto contra el Gobierno cubano. Encontramos acá movimientos sociales por la reivindicación de los derechos de los negros cubanos, de los derechos de los homosexuales, por la preservación del medio ambiente; una cantidad asombrosa de proyectos culturales y barriales, y publicaciones digitales e impresas que han acompañado creativamente el proceso de reformas que vive el país, haciendo propuestas en ámbitos económicos, culturales y políticos. Se trata de proyectos que, en algunos casos, orbitan en la periferia de instituciones oficiales y en otros, completamente fuera de ellas. Muchos de esos proyectos han padecido la suspicacia y el monitoreo por parte del Gobierno cubano. Cabe agregar aquí al emergente sector privado, que con un dinamismo increíble y con pleno apoyo gubernamental, ha hecho su entrada en el contexto nacional.
Dmitri Prieto:
Categorías de actores:
A. Estructuras promotoras de culturas hedonistas y consumo conspicuo (usualmente con lógicas capitalistas, materialistas y sexistas, en términos a menudo violentos y ególatras), como el reggaetón y el llamado “arte urbano”; la nueva publicidad (redes de anuncios como la del habanero boletín privado “El papelito”; la emergente prensa de glamour, como “Vistar”); el sistema del “Paquete semanal”. Actores muy ligados a lo que significa “venderse mejor”: son la expresión perfecta de la eficacia cultural del (ya no tan reprimido) deseo “post-socialista”cubano de habitar una “economía de mercado”. Su grado de (in)formalidad varía del emprendimiento para-estatal (PMM) hasta la semi-clandestinidad (segmentos de la red del “Paquete”. Los analistas no suelen tomarlos en cuenta; sin embargo, ignorarlos es fatal por su enorme impacto correlativo a su difusión en ámbitos privados y estatales. Asumen éticas que consideran típicas en la actual “cubanidad” cotidiana (no siempre sin razón), y a cuyo reforzamiento tributan con fuerza. Aun si (por pragmatismo auto-protector) no suelen explicitar agendas políticas, muestran visiones de “lo político” como orden real de poder en el día-a-día que pretenden representar. Las excepciones (“Creo” de Baby Lores; conflicto Osmani García vs. ICRT/MINCULT; uso de PMM en actividades oficiales) solo confirman la tendencia más general hacia una “apoliticidad” materialista y hedonista –por un lado-, y –por el otro- la construcción totalmente acrítica de un fuerte imaginario basado en “identidades de éxito” (“cubana” en su forma, mercantil y transnacional en su contenido), comparable en visión, intensidad y eficacia social con el famoso (o infame) “sueño americano”, que de apolítico no tiene un pelo. Estos actores dominan la palestra en gran medida porque los sujetos críticos consiguen menos impacto. El segmento “A” representa a sí mismo y a quienes se piensan como presentes o futuros poseedores de capital y (ergo) de poder.
B. El discurso denominado oficial o revolucionario lo emiten instituciones de la esfera pública (entidades estatales, partidistas -PCC, UJC-, masivas, sociales, académicas, empresariales, comunicacionales, militares, policiales) que construyen su legitimidad como representantes de la sociedad en su conjunto invocando el crédito histórico de 1959 y logros sociales posteriores. Este grupo es heterogéneo: expresiones como “Partido-Estado” son simplistas. La dificultad con que se captan nuevos cuadros para entes oficiales muestra que ser de la nomenklatura ya no es tan atractivo, lo cual implica erosión de su legitimidad.
C. El sector empresarial privado o mixto, en la medida en que puede considerarse parte de la esfera pública, y cuyos actores no integran expresamente la categoría “A”. Su incidencia en la esfera pública no es muy visible, pero ello no significa que sea poco importante. Desde la imagen de Cuba que construyen los micro-empresarios hasta las donaciones de transnacionales, son hechos que dan significación política a intereses económicos.
D. El mundo de los grupos de interés instituidos formalmente como asociaciones, fundaciones u otros entes, que –sin entrar en las categorías “A” o “B”- promueven intereses sectoriales y hacen labores socialmente visibles, con carácter oficial y “apolítico”. A veces son verdaderos lobbys. Un marco de mayor libertad considero que siempre sería favorable a su devenir y a los intereses de la sociedad toda como ámbito de diálogo, debate, confrontación y consenso entre los diversos grupos. Estarían favorecidos al constituirse en ámbitos verdaderamente autónomos.
E. Acá podrían ponerse la mayoría de las –muy diversas- entidades religiosas y fraternales.
F. Desde los 90, y sobre todo a partir de 2006, han proliferado proyectos creativos, socio-culturales, comunitarios, comunicativos, ecológicos, educativos, deportivos e incluso productivos, integrados generalmente por un colectivo de personas o por una sola persona, marcados por el distanciamiento respecto a las categorías antes mencionadas de actores y por una obvia “desnudez” jurídica, aunque en muchos casos se haya buscado la “sombrilla” con alguna institución formalmente constituida.
G. Los actores con un discurso político explícito o espacios donde se expliciten discursos políticos afines a su postura.
H. El “mundo de vida popular cubano” –urbano o rural- no debe confundirse con ninguno de los componentes anteriores de la esfera pública del país. Ese misterioso espacio en que se mueven y se hacen convivientes “de a pie” que forman la inmensa mayoría de nuestro pueblo alberga, sin dudas, criterios de soberanía propios, y es un enorme reservorio de voces.
Debo decir que estoy considerando solo los actores DENTRO de Cuba, y con un inevitable -en mi caso- sesgo habanocéntrico. El orden de A a H sigue aproximadamente el decrecimiento en hegemonía. Comprendo perfectamente que otorgar el máximo de hegemonía a la categoría que asignamos como “A” es arriesgado, pero me parece que es una tesis bastante convincente. El grupo “B” del Estado y sus asociados a mi modo de ver ha perdido la hegemonía en la esfera pública, aunque sigue operando como principal ámbito de toma de decisiones. Los grupos que siguen a continuación del “B” establecen una secuencia decreciente solamente aproximada.
José Jasán Nieves: A la esfera pública cubana concurren, desde hace pocos años, y con intensidad creciente, por ejemplo, investigadores e intelectuales que ganan relevancia con sus posturas y criterios en un momento álgido de transformación. Ya no solo se participa por medio de un acto político o una entrevista para que los intelectuales y artistas ofrezcan su apoyo al sistema político, sino que ahora también problematizan la realidad a través de correos electrónicos, espacios de debate y hasta asambleas. Ha emergido un interesante abanico de jóvenes blogueros y periodistas (a veces las dos cosas) que toman distancia de la práctica comunicativa oficial y actúan, influyen y movilizan. Por ejemplo, los miembros de la comunidad LGBT y quienes los apoyan han erosionado paradigmas homofóbicos y machistas; y los líderes religiosos pueden dialogar sobre política públicamente en un contexto menos hostil. Pero aún falta la promoción de espacios y dinámicas que fortalezcan, por ejemplo: los nuevos empresarios independientes, los juristas y maestros, cuya esporádica participación todavía deja margen a desconocer esferas que reclaman de la atención social.
Ovidio D´Angelo: La pregunta nos remite, de manera expedita, a la composición actual y posible de los componentes de la sociedad civil cubana. El tema resulta bastante complejo, dado que está enmarcado en un contexto socio-histórico muy cargado de confrontaciones ideológicas, ante lo cual no resulta fácil ofrecer una opinión totalmente concluyente. Creo que, más bien, se trata de una temática en construcción, sobre la que deberán ponerse de acuerdo todos los actores sociales implicados que tengan voluntad de dialogar con respeto sobre sus posiciones, en aras de lograr concertaciones constructivas para el bien de la sociedad cubana.
Actualmente existen en el Registro de Asociaciones varios cientos o miles de estas que, como han reseñado algunos colegas, responden a varios criterios: sociedades profesionales, asociaciones de nacionalidades, culturales, de entretenimiento, algunas religiosas y otras muchas, sin obviar que la Constitución del país otorga la función principal a las organizaciones políticas y de masas constituidas y orientadas por el Partido, dado que las organizaciones profesionales y otras tienen un fin muy específico de acuerdo a su labor propia.
Es sobre todo, a las organizaciones políticas y de masas, a las que se les confiere en el discurso oficial, de manera expresa, la legalidad de representación de amplios sectores de la sociedad en el campo, digamos, sociopolítico. Habría que aclarar que la legitimidad conferida por la población a estas organizaciones se remonta a los primeros tiempos de confrontación ideológica producida con el auge de la Revolución de 1959.
Al incluir en sus programas iniciales un conjunto de necesidades sociales en virtud de los ideales liberadores proclamados para grandes sectores de la población, la Revolución se constituyó en un factor esperanzador y aglutinante; por ende, las organizaciones políticas y de masas constituidas por la dirección del país, pasaron a ser sus mecanismos “naturales” de expresión popular.
Pasada la etapa heroica de los primeros quinquenios, con el cambio de los contextos nacionales e internacionales, varias de estas organizaciones, en mi opinión, han ido desgastándose en una actividad social reproductiva y rutinaria que ya no responde a las demandas prioritarias de la población y que, a pesar de renovaciones intencionadas, persiste en la actualidad.
Por otro lado, el cambio de situación del modelo de “socialismo real”, con la caída del campo socialista, la mayor relación con el resto del mundo y el arrastre de problemas no solucionados en las primeras décadas en el país, entre otras muchas causas, propiciaron la proliferación de diferentes grupos alternativos, muchos de ellos considerados como oposición disidente, no permitida oficialmente; aunque en los últimos tiempos, parcialmente tolerada.
La legitimidad de estos, en el imaginario popular, puede resultar muy contradictoria. De una parte, la diversidad de juicios de sectores de la población, acerca de los problemas y soluciones nacionales, pueden coincidir con propuestas de algunos de estos grupos. En diversos terrenos, también se producen confrontaciones de visiones, aunque la escasa difusión y restricciones de estos grupos y sus agendas, entre la población, provoca una invisibilidad casi total de su ideario. Por esta razón, el tema de su representatividad en los sectores de la sociedad resulta elusivo.
Cabría mencionar las asociaciones de tipo productivo o de servicios, entre las cuales se ubica la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) y alguna otra. Desaparecieron asociaciones como la ANCHAR que, en los primeros años, aglutinaba a los choferes de alquiler (hoy con gran proliferación) y que actualmente no cuentan con un dispositivo similar. Asimismo, los actuales cuentapropistas y las cooperativas no agropecuarias no tienen un marco asociativo que pudiera facilitar sus labores.
Ailynn Torres: Este enunciado, primero, supone la existencia de categorías de actores socio-(a)legales “destacados” en la sociedad cubana y, segundo, se pregunta -solo- por aquellos que “se consideran representativos” de la misma.
El supuesto genera nuevas interrogantes, imprescindibles para aclarar el foco de la cuestión: ¿qué se consideran aquí actores “destacados”? ¿Aquellos que tienen mayor visibilidad dentro de la(s) esfera(s) pública(s) de la Isla? ¿Aquellos que la institucionalidad estatal reconoce como sus interlocutores? ¿Aquellos que deliberan sobre los temas más “relevantes” de la sociedad cubana (en cuyo caso habría que esclarecer, a su vez, en qué lugares y quiénes determinan lo que es más relevante)? Entonces, ¿es prudente desconsiderar, por no ser “destacados”, a actores de la sociedad civil que se encuentran, por ejemplo, aún en proceso de constitución o que han sido invisibilizados por lógicas institucionales, culturales o socioeconómicas?
Por su parte, el interés por los actores “representativos de la sociedad” complejiza más los sentidos de la pregunta: al interrogar sobre la representatividad, ¿se alude a los actores que se consideran a sí mismos representativos? ¿y/o a aquellos a los que les es atribuida, por terceros, representatividad de la sociedad cubana? Cuando se habla de representatividad, ¿se alude también a la medida en que ellos se constituyen -o no- en representantes de sectores sociales? ¿El interés por la representatividad implica que si la agenda de un grupo social X no es representativa de los problemas de la sociedad en su conjunto -si es, por ejemplo, una agenda “particularista”- es menos importante que la de actores “representativos”? ¿Cómo habilitar entonces espacios para que agendas “privadas” o “particulares” circulen en igualdad de condiciones en la esfera pública? ¿Esta pregunta considera qué asuntos calificados como “no representativos” han sido relegados por largos períodos de tiempo a las periferias de la esfera pública o a su inexistencia? Por ejemplo, si las mujeres amas de casa se organizaran, o las cuidadoras, y pidieran colocar el tema del trabajo doméstico no remunerado -y muy poco discutido- en Cuba en la esfera pública ampliada, ¿serían ellas consideradas un actor social “destacado”?
Esas preguntas definen el campo de problemas al que creo que es relevante atender en lo concerniente a las preocupaciones sobre la sociedad civil cubana, la esfera pública, sus actores, sus dinámicas y posibilidades en la Cuba presente y por venir.
Considerándolas -y en el deber de atender al interés principal de este dossier- entiendo que en Cuba hay una esfera pública visible, reconocida hacia adentro y hacia afuera de la Isla, que es aquella conformada, en lo esencial, por actores políticos de la institucionalidad oficial. Esa esfera pública se presenta a sí misma como el campo más legítimo de discusión sobre los asuntos que considera de interés común y, en buena medida -sobre todo hacia adentro de la Isla- monopoliza la deliberación social con posibilidades de incidencia en la toma de decisiones. Los actores que participan de ella aparecen, en buena medida, alineados con las orientaciones y modos políticos de los actores y la institucionalidad oficial. Siendo así, esa “esfera pública” no es tal en sentido estricto, pues la deliberación es escasa y los públicos que participan de ella muy reducidos; sin embargo, son “públicos fuertes”, en la medida que desde ellos se definen y se regulan temas de interés nacional y sus soluciones.
Ahora, ese no es el actor exclusivo del campo socio-legal cubano, su composición no es representativa de la sociedad -ni debería aspirar a serlo, en un sentido democrático de la política-, y su agenda no incluye las necesidades y prioridades diversas de los sectores y grupos sociales. Por el contrario, existen otras esferas públicas -muchas veces paralelas a la ya mencionada- en las cuales se desarrollan procesos deliberativos de importancia sobre temas de distinta índole y alcance. Ellas están conformadas por actores sociales plurales, más o menos visibles -“destacados”- y con mayores o menores posibilidades de incidencia. Ahí encontramos grupos articulados en torno a los derechos sociales y reproductivos, a las condiciones de subordinación racial y de género, a intereses medioambientales, a consumos culturales, al desarrollo del pensamiento crítico, etc. Dichos colectivos, a su interior, también son diversos y no pueden categorizarse rígidamente. Algunos de ellos pugnan por incluirse legítima y/o legalmente -asunto que es el centro de la siguiente pregunta- dentro de las esferas públicas reconocidas por la institucionalidad oficial. Esos actores, en la Cuba contemporánea, recorren un amplio espectro, cada vez más parecido al de otras geografías, y apelan a adscripciones basadas en el reconocimiento cultural, en la demanda de redistribución económica y en la necesidad de representación política. En tanto tales, ellos solicitan audiencia en el espacio político.
Ahora, en la actualidad, estas esferas públicas buscan interlocutores también plurales, no solo dentro sino también fuera de Cuba. Las redes sociales en Internet y los circuitos ampliados de información y comunicación lo hacen posible (aunque aún muy limitadamente). A través de esas vías la diáspora cubana genera ámbitos deliberativos de interés; de hecho, muchos asuntos de preocupación para los cubanos y las cubanas que viven en Cuba se disciernen, primero, en esas esferas públicas “virtuales”. Al mismo tiempo, quienes acceden a las redes desde “dentro” posicionan agendas y enfoques de incidencia trasnacional.
Con todo, hoy la esfera pública cubana es un campo más en disputa que lo que ha sido en décadas anteriores. Ello tiene que ver, en lo interno, con los cambios que se han producido en todos los órdenes de la sociedad a raíz del proceso de actualización del modelo económico y la política social, pero también está relacionado con los procesos migratorios de la sociedad cubana (migraciones internas y externas) -que ponen sobre la mesa temas pertinentes de debate social-, con las ya mencionadas redes y comunidades instituidas a través de Internet, con el nuevo horizonte de relaciones con los Estados Unidos, etc. En esos ámbitos se generan procesos deliberativos, que participan de la construcción de culturas políticas, también, al interior de Cuba.
Pero la pregunta atañe a otra cuestión que mencioné al inicio: la medida en que actores específicos se consideran representativos de la sociedad cubana. Aquí, nuevamente, puede haber cierta confusión: el asunto de cuán representativos se entiendan ciertos sectores de la sociedad civil -en términos de las agendas más o menos universalistas que sean de su interés- no es lo mismo, necesariamente, que su capacidad/posibilidad de representar a esos sectores. Por el contrario, la posibilidad de representar en su totalidad la sociedad cubana no es atribuible hoy a un único actor social; de hecho, aquellos sectores de la sociedad civil con tal vocación se enfrentan a un problema mayor: la existencia de comunidades -organizadas o con potencialidad de hacerlo- que, desde su diversidad y especificidad, dialogan, negocian y disputan el sentido de las realidades políticas, culturales, económicas. Así, contrario al interés por capitalizar todos los sentidos presentes en la Isla, creo que la existencia creciente de actores diversos debe entenderse como una posibilidad democrática, y no como un paso atrás en proyecto unitario alguno.
Por último, pienso que lo que posibilita(rá) la existencia de actores “destacados” será la capacidad de relación que se establezcan entre la sociedad civil y la sociedad política. Ahí radica la relevancia de las esferas públicas: en -no solo- generar espacios de interacción discursiva, que presionen porque la deliberación ciudadana sea parte de la vida político-institucional de toma de decisiones y, además, en generar espacios de autonomía ciudadana donde la deliberación propicie procesos organizativos no obligatoriamente vinculados a los ámbitos de decisiones institucionales oficiales. Así, la esfera pública podría ser constituyente de ámbitos socioeconómicos y culturales auto-organizados, mas no desconectados de la política nacional.
2. ¿Cuáles son los retos de cada una de estas categorías para constituirse en actores públicos que posean la necesaria legitimidad (que no constituye obligatoriamente un sinónimo de legalidad) social?
Lenier González: La legitimidad no es algo que se obtiene por decreto, sino que debe construirse día a día. Se trata de tener la sensibilidad necesaria para lograr captar los más profundos anhelos populares y saber encauzar políticamente determinadas aspiraciones en la esfera pública. Dadas las características del modelo cubano, donde el mundo asociativo vive un estado de precariedad accidentada, se impone practicar políticamente la máxima del padre Félix Varela: hacer lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto. Es decir, requiere de honradez y valentía; y a la vez de astucia y de sabiduría política.
La sociedad civil en Cuba tiene el desafío de participar del debate nacional colocando temas en la agenda pública y haciendo propuestas concretas sobre diversos ámbitos nacionales. Tiene el reto de buscar sinergias con actores sociales afines, de tratar de interpelar al sistema político sobre temas importantes de la vida nacional en general y el reto de cerrar filas contra grupos minoritarios de cubanos que, en nombre del “pluralismo político” y la “verticalidad frente a los Castro”, colaboran con las estructuras inmorales y anti-nacionales de la Ley Helms-Burton, el embargo/bloqueo, o las recomendaciones realizadas en el Acta de la Comisión para una Cuba Libre, cuyas propuestas, de ser aplicadas, traerían consecuencias catastróficas para Cuba.
El accionar de la sociedad civil debería estar comprometido con un conjunto de principios irrenunciables para todos: respeto irrestricto de la soberanía nacional; rechazo a las políticas de cambio de régimen por la vía de “revoluciones de colores” o “primaveras cubanas”; defensa de una economía mixta con sectores estratégicos en manos del Estado; promoción y salvaguarda de una noción de derechos humanos donde se articulen orgánicamente los derechos individuales con los derechos sociales, económicos y culturales; la democratización política; el respeto a la participación de las minorías; y la justicia social como una conquista inapelable del pueblo cubano.
Sin embargo, en nuestro contexto, no basta con que los actores sociales implementen actitudes “facilitadoras” para su accionar en la sociedad. Para hacer propuestas a la ciudadanía, buscar consensos con otros grupos sociales e, incluso, para interactuar con el sistema político, se requiere del acceso a la esfera pública. Es por ello que se hace imperioso que sean atenuados los rigurosos controles que ejerce el Estado sobre el mundo asociativo. Necesitamos una reforma del Estado, para que este deje de ser “parte” y se convierta en garante definitivo de una diversidad política y social, comprometida con las metas históricas de la nación: esas metas también deberían estar sujetas a debate popular.
Dmitri Prieto: La categoría social definida como A en la primera respuesta, debería sobrevivir al ser debidamente colimada por el ojo crítico y la acción directa del activismo militante feminista, anticapitalista, antirracista, a la competencia en buena lid frente al buen arte creativo, a la comunicación horizontal no-comercial, a la posibilidad general de convivir bajo otros principios que los de ganar o perder. Debe quizás surgir una nueva juventud que someta ese segmento a tales retos, pero no considero nada eficaces -frente a este complejo caso- los cansones y victorianistas discursos “contra la vulgaridad” desde posturas socialmente conservadoras que pretenden combatir los agenciamientos autónomos de los reggaetoneros con nuevas versiones de “Barquito de papel”, ruedas de casino y promesas de reestructurar la “Agencia Cubana de Rap”.
Sobre la categoría B, pienso que la estructura de la totalidad de las instituciones públicas y oficiales debe ser reformada completamente. Las organizaciones de masas, si pretenden mantener cierta representatividad de los sectores correspondientes, deben democratizarse de manera radical. En particular, los sindicatos y la organización femenina serían absolutamente esenciales para la defensa de sus grupos base en un contexto de cambios. Requieren para ello de un discurso consistente de defensa de intereses y sentidos propios, frente a la patronal, al capitalismo y a las lógicas sexistas/patriarcales (respectivamente). Si fracasan en hacerlo, la desprotección e indefensión de trabajadores y mujeres frente a los grupos empoderados será casi total; como ha sucedido en otros países. En ese caso, otras organizaciones ocuparán el lugar de las ya ociosas, pero habrá que pasar por un período de mucho dolor antes de que aquellas logren emerger. Lo mismo –en la medida de lo posible- podría aplicarse con mucha más intensidad a la totalidad de las instituciones públicas, desde los poderes populares locales hasta el llamado nivel central. Pienso que debe cambiar totalmente la lógica de operación de todas esas estructuras, estableciendo la horizontalidad como principio rector. La burocracia está tremendamente desacreditada en Cuba y en el mundo, y considero que sería casi imposible lograr que se deposite legitimidad y fe en una estructura piramidal.
En cuanto a la categoría C, respeto los derechos de los(as) empleados(as) y clientes. Sin embargo, la permanencia o no de la empresa privada explotadora de fuerza de trabajo asalariado considero que no puede dejar de ser objeto de debate permanente; siempre debe existir la posibilidad para emprendedores(as) de tipo privado migrar ventajosamente a formas más socializadas de hacer economía.
Sobre la categoría D, preciso que los retos principales de los grupos de interés es que puedan constituirse en entidades realmente autónomas y solidarias, libres de formalismo burocrático y del diktat de la nomenklatura. Es un reto acá también la creación de una visión propia, popular, y sostenible técnicamente, de los derechos humanos en Cuba en sus dos dimensiones: general (que incluye exigencias de procedimientos válidos) y contextual (derechos de quienes consumen, de quienes trabajan, de quienes ejercen diversas espiritualidades, expresiones culturales, orígenes, orientaciones sexuales…).
Acerca de la categoría E, sólo señalo que el principal reto de los actores “espirituales” debe ser el logro de una verdadera igualdad.
La categoría F, por su parte, debe constituirse en verdaderos agentes y gestores de la nueva sociabilidad cubana desde los emprendimientos más solidarios, asertivos y proactivos. Para eso, tendrán que asumir formas más estables de auto-organización, dominar la esfera mediática, sincronizar sus propuestas, derivar –pienso yo- cada vez con más certeza hacia un modo cubano de traer a la vida verdaderos movimientos sociales con capacidad expansiva suficiente para aprehender con su praxis la plenitud diversa del país. No necesariamente serán todos estos proyectos adecuados para formar organizaciones “legales”; muchos podrán seguir operando de forma “amorfa” y espontánea, pero sí se requiere concertar espacios de encuentro y conseguir más apertura, y sobre todo sintonía. Un reto especial es el que confronta el subsegmento “(a)”: debe haber espacios en esa Cuba donde habrán de caber muchas Cubas, para empeños mancomunados de construir nuevos modos de convivencia a partir de ideas, sentidos, sentimientos, insights y prácticas críticamente reflexionadas…, que enseñen modos de convivencia alternativos al del sistema mundo, que es autoritario y capitalista.
Los retos principales de la categoría G son básicamente los que explicité arriba. No soy defensor de los partidos políticos concebidos como empresas para captar votos, pero sin dudas reconozco la legitimidad de que personas que comparten un conjunto de opiniones se auto-organicen en entidades colectivas, que bien podrían llamarse “partidos”. Debe haber –creo- un sistema-otro de consenso de voluntades diversas y creación de una soberanía eficaz entendida como respeto total a todos los derechos de cada cual, en todo el territorio. Esta auto-organización social, sin embargo, no puede prescindir ni debe evitar, que los diversos ámbitos de opiniones, puedan auto-organizarse.
En torno a la categoría H, puedo indicar que el mundo de vida popular confronta el reto de constituirse en verdadero tronco y vehículo de la soberanía en el país, en la esfera de los factores reales del poder. Si no logra superar airoso este desafío, sus entrañas serán pastos y forraje para quienes con más habilidad logren gestar las políticas públicas en función de intereses particulares (de empresariados o burocracias estatistas) dentro del enajenado y alucinante esquema de “decisores-asesores-beneficiarios”. Por ello, esta categoría fundamental de actores populares comunitarios de la política habría de generar vías propias de resistencia contra intentos de vaciamiento de su sentido vital por actores de las otras categorías, pero sobre todo por el segmento “A”, que usurpa continuamente la voz del mundo popular cubano, mientras en realidad las cotidianidades de ambos no tienen mucho que ver entre sí.
José Jasán Nieves: Serán legítimos en la medida en que asuman la voz del consenso en sus respectivos grupos sociales. La defensa honesta de sus propósitos, que no por sectoriales dejarían de ser relevantes para el resto de la comunidad, es el cimiento primero para que las mayorías les presten atención y se dispongan a comprenderlos y asumir sus argumentos. También la transparencia, el compromiso con la soberanía del país y con una sociedad equitativa. Cuando estos actores acepten financiamientos (vengan de donde vengan) para desarrollar sus proyectos lo deberían hacer conscientes de que el uso final beneficiará al país y no comprometerá la introducción de una agenda que lesione intereses nacionales. Del mismo modo, resulta necesario comprender que la defensa a ultranza de un objetivo, como el empoderamiento social o la mejoría económica de un sector específico, no es admisible para una gran parte de los cubanos si para lograrlo se menoscaban los derechos y las oportunidades de otros.
Ovidio D´Angelo: En el actual proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, una de las intenciones del gobierno norteamericano es el fortalecimiento de la sociedad civil en el país. Como sabemos, este es un tema de confrontación y discrepancia fuerte entre ambos gobiernos y que, al parecer, su discusión se prolongará en el tiempo. Al tratarse de una cuestión interna, el gobierno cubano ha declarado que está en sus marcos de soberanía y no es negociable con otro país.
Por otro lado, para el gobierno de Estados Unidos y sectores de la oposición más extrema, el asunto de la democracia y los derechos humanos pasa por la constitución de una sociedad civil que ellos entienden solo como la oposición al gobierno, que es asociada a un cambio de régimen y de valores.
Parece ser que los retos que se enfrentan son muy complicados y requerirían de negociaciones internas con distintos sectores para desbloquear, en tiempo prudencial y gradualmente, enfoques encontrados y opuestos.
El asunto polémico tendría que apelar a la flexibilidad y la creatividad de los actores que se impliquen en un proceso de concertaciones y estrategias múltiples que contribuyan a desenredar esta madeja de posiciones e intereses, siempre que se resguarde realmente –es mi punto de vista- la soberanía nacional, con participación no solo del gobierno sino de otros actores nacionales. Esto nos lleva al tema de cómo debe participar el pueblo en general en este proceso, ya que, en su carácter de “soberano” debería decidir sobre estas y otras cuestiones fundamentales.
La adquisición de legitimidad social puede requerir cambios en las actuales organizaciones de masas, con un mayor acercamiento a las expectativas populares del momento, apertura a la creación de diversos movimientos sociales y grupos de pensamiento y –lo que en esta fase me parece obvio- la limitación de los grupos que optan por la violencia, el revanchismo, la intolerancia a lo diverso o la agresividad manifiesta.
En otro sentido, la ampliación del diapasón de asociaciones productivas para diversos sectores emergentes, constituye una necesidad insoslayable del desarrollo económico y social, en tanto ello propiciaría mayores vínculos también entre esos emprendimientos y las comunidades que se beneficien de sus interacciones solidarias. Esto daría la posibilidad de enriquecimiento de la sociedad civil múltiple para generar una dinámica de concertaciones y proyecciones inclusivas que beneficien el desarrollo del país en todos sus ámbitos.
Ailynn Torres: La legitimidad de esos actores ha de buscarse, sobre todo, en las necesidades de la sociedad cubana y en la construcción de soluciones democráticas a las mismas. La legitimidad se busca y se construye, no es un atributo que se conceda; pero para ello es imprescindible la existencia de una sociedad civil donde puedan gestarse y disputarse proyectos plurales, los cuales pueden ser complementarios o excluyentes. Ese es, precisamente, uno de los retos a los que los actores públicos deben enfrentarse: colocar temas candentes dentro del imaginario y las necesidades sociales, y disputarlos públicamente.
Otro reto es el camino, inevitable, de establecer diálogos con la sociedad política, con la institucionalidad estatal. La posibilidad de esos actores de constituirse en “públicos fuertes” -con capacidad de incidencia- de cara a la sociedad cubana tiene que pasar por ahí.
Ahora, lo que he dicho no debe confundirse con la búsqueda -liberal- de pluralismo político; en el sentido estrecho de lo que eso significa y que explico a continuación. No se trata de aplaudir la existencia de grupos múltiples que dialoguen entre sí, todos los cuales pueden ser “destacados” si su agenda se coloca debidamente. Diciendo solo eso, se desconoce que los actores sociales se (re)producen en condiciones específicas, muchas veces desiguales, que les plantean bien limitaciones o bien posibilidades de participación en la esfera pública. Pensemos, por ejemplo, en el campesinado cubano de hoy: ¿sería suficiente entender su participación en la esfera pública solo por la medida en que cuenten con organizaciones que supuestamente los representen sin considerar que es probable que los circuitos urbanizados de discusión establezcan exclusiones informales para ellos?
Lo que me interesa destacar aquí es que reconocer la existencia de pluralidad es un imperativo en la sociedad contemporánea, pero no debe olvidarse que esa pluralidad se encuentra indexada a condiciones de subordinación estructurales -económicas, culturales y políticas- que imposibilitan su real despliegue democrático. Por eso, cuando hablo de actores socio(a) legales existentes y posibles en Cuba, hablo también de la necesidad de visibilizar las condiciones de su (re)producción; con ello se haría posible efectivamente -y no solo formalmente- que grupos sociales diversos encuentren posibilidades de inserción poderosa en la esfera pública.
Por otra parte, tampoco debe entenderse que, por plurales, se legitiman todos los proyectos sociopolíticos. La existencia de múltiples públicos no los hace a todos ellos, en sí mismos, siempre virtuosos. Al interior de esas esferas públicas constituidas por la sociedad civil es y será posible encontrar tendencias explícitamente antidemocráticas y “anti-igualitarias” que emprenden métodos de exclusión y marginación informal o formal. El camino, aun así, es la ampliación de la democracia: la regulación efectiva de la vida política a través de la habilitación de condiciones de independencia recíproca que disputen los proyectos y las prácticas monopolistas de la política, de la economía, de la cultura. Con todo, creo que la apuesta es por construir y desarrollar actores sociales que puedan responder a las necesidades de la sociedad, y (re)generar el potencial activo y dinamizador de la sociedad misma.
3. Evidentemente, las organizaciones tradicionales tienen que vencer el reto de reconquistar su universo de sentidos. ¿Cuáles podrían ser las mayores dificultades que pudieran encontrar al procurarlo?
Lenier González: Me gustaría pensar que las actuales instituciones del país podrán refundarse y adaptarse a las nuevas dinámicas de la sociedad. Cuba necesita un cambio que sea gradual y progresivo, que exorcice los escenarios convulsos y desgarradores: este debería ser el sentir de todo cubano de buena voluntad. Sin embargo, francamente no creo que la capacidad de cambio dependa, en primera instancia, de las propias instituciones. Cuba necesita reformar su modelo sociopolítico, y en ese rediseño del Estado hay que construir una manera distinta de organizar el vínculo de las organizaciones sociales con el sistema político. Debe ser repensado el modo de funcionamiento de las llamadas organizaciones políticas y de masas, y debe ser acogido e institucionalizado el amplio universo asociativo cubano.
Bajo el actual diseño institucional, típico de los modelos del extinto Bloque del Este, el PCC es la vanguardia organizada de la nación, y su principal función radica en persuadirnos a todos, mediante sus aparatos ideológicos, de que debemos confiar en ellos y seguirlos en actitud pasiva. Ese modelo de Estado tiende a limitar la soberanía popular, y mira con sospecha a todo reducto social con cierta autonomía. Bajo este criterio, las organizaciones políticas y de masas han visto desvirtuadas sus identidades y han terminado siendo meros mecanismos de transmisión del PCC. En la actual coyuntura son malos mecanismos de transmisión, pues las rutinas organizacionales y el formalismo han conllevado a un clima de preocupante apatía.
Este escenario, de por sí inquietante, tiene como telón de fondo la monumental transformación que ha tenido lugar en la sociedad cubana, donde las organizaciones políticas y de masas son criaturas totalmente raras para las nuevas generaciones, más familiarizadas con los equipos de la liga de fútbol europeo que con los CDR, la FMC y la ANAP. Entre estas entidades que intentan ser reservorios y continuadoras del imaginario y la épica revolucionarias, y las nuevas generaciones de cubanos, se tiende un abismo donde solamente quedan en pie precarias conexiones, al modo de pequeños y endebles puentes colgantes.
La realidad actual demanda el reconocimiento y la institucionalización de nuestra compleja sociedad trasnacional, preñada de matices y pluralidades de todo tipo. Incluida, como es lógico, la pluralidad política, que gracias a Dios cada día se hace más visible. Necesitamos crear los marcos legales e institucionales adecuados para que el mundo asociativo cubano pueda interactuar con el sistema político de forma más plena, y que este proceso redunde en un ensanchamiento del consenso político interno.
Dmitri Prieto: Se trata de lograr re-organizar esas entidades a partir del debate más sincero, del diálogo abierto y manifiesto entre posturas a veces contrapuestas, de acabar para siempre con el sistema “de cuadros” como un impedimento garrafal para el ejercicio de la democracia interna y para que la “dirección” de la organización represente con mayor autenticidad a sus integrantes. Me refiero a que esas “direcciones” son normalmente nombradas desde una nomenklatura externa a la organización misma (se trata de las élites políticas que usan las organizaciones de masas como “correas de trasmisión”). Solo cuando quienes integran esas organizaciones se den cuenta de que su voz, su opinión y su voto valen, que ellas y ellos son quienes deciden y no “los de arriba”, que pueden de hecho y de derecho formular presupuestos, manejar fondos, asentar principios, proponer y ejecutar políticas, podrá empezar a interesarles nuevamente ser miembros y hacerlo a consciencia. Así se reconquistaría su universo de sentidos.
José Jasán Nieves: Su orfandad de independencia, su entendimiento vertical de las relaciones entre Estado/Gobierno y Sociedad, donde la última está para seguir la voluntad de los dos primeros: únicos sabedores del camino verdadero hacia el bienestar colectivo. Mientras sigan sin comprender que un líder juvenil no moviliza a otro de su edad diciéndole que su campo de acción (de transformación, de sueños) ya fue definido por un dirigente de 85 años; o que el papel de la prensa no es solo el de “generar consensos en torno a las decisiones del Estado”, sino también problematizarlas, cuestionarlas y hasta impedirlas; no existirá ese nuevo universo de sentidos que necesitan para seguir siendo funcionales a un proyecto de mejor país. La horizontalidad de su proyección en defensa de las mayorías, y de minorías también, (que no es antagonizar, sino proponer desde la participación) es la clave para que sigan siendo pertinentes. La mayor dificultad es que no manifiestan haberlo entendido.
Ovidio D Ángelo: Pienso que más que reconquistar el universo de sentidos, lo que se impone es reconstruirlo. Después de varias crisis políticas y económicas mundiales de los 90 y post 2000, unidas al desgaste de las ideologías tradicionales y de algunas de las organizaciones que las representan, se ha resentido bastante la legitimidad de ciertas agendas sociales y la credibilidad en su campo de acción.
Han proliferado movimientos sociales, proyectos sociopolíticos y otros emergentes que ganaron terreno. El reciente caso de España puede ser ilustrativo del surgimiento de nuevas fuerzas políticas con amplia representación. En América Latina los movimientos sociales han ocupado, crecientemente, un campo mayor en la actividad sociopolítica.
En nuestro caso, mencionamos el desgaste de las organizaciones políticas y de masas existentes, ante un panorama de decrecimiento económico con reajustes sociales lentos y, en ocasiones, imprecisos en sus alcances e impactos. También la sujeción de algunos grupos alternativos a las políticas norteamericanas u otras, plantea una limitación que es preciso superar.
Una disposición al encuentro y al manejo creativo de las situaciones polémicas en el plano de la acción sociopolítica nacional me parecería un requisito indispensable para que todas las partes que se impliquen puedan avanzar en la inclusividad de la diversidad posible para la construcción de sentidos hacia un contexto de desarrollo social y político del país, hacia una sociedad que recupere lo valioso del camino socialista, renovando sus objetivos esenciales, así como de otras aportaciones conjugables, sin esquematismos ni prejuicios estériles y contando con la buena voluntad de todos.
Ailynn Torres: La primera parte del enunciado debería, también, ponerse entre signos de interrogación. Así se abriría la posibilidad de discrepar sobre la posibilidad de dichas organizaciones de recomponerse, luego de las taras con las que se enfrentan hoy día; pues para algunos esas organizaciones tradicionales no tienen posibilidad de refundarse. No obstante, en lo particular, estoy de acuerdo con el enunciado, y prefiero no impugnar esa posibilidad desde la raíz.
En mi opinión, el vaciamiento de sentido de esas organizaciones -dentro de las que podemos mencionar, por ejemplo, las llamadas organizaciones de masas- tiene que ver con falencias de su propio diseño, con la construcción de rutinas organizativas escasamente imaginativas y dinámicas y, sobre todo, con su imposibilidad de incidencia en la toma de decisiones. Así se han construido actores carentes de imaginación política, de flexibilidad y de la disposición al diálogo con otras organizaciones y actores por fuera de la política oficial. Sin embargo, al interior de esos colectivos también se encuentran sujetos con experiencia, vocación, honestidad, y sentido de la crítica, cuyo potencial es sumamente valioso para la recomposición de los sentidos de aquellos.
Otra de las dificultades de esas organizaciones es su vocación homogeneizadora, que categoriza en “trabajadores”, “mujeres”, “cederistas”, “estudiantes”, a grupos sociales sumamente heterogéneos. Ello debe enfrentarse a la existencia de una sociedad cubana cada vez más diversa en relación con sus estructuras socioeconómicas, sociosexuales y socioculturales.
Por último, es deseable considerar que, además de reconquistar el universo de sentidos, las “organizaciones tradicionales” también requieren participar de un mapa en el cual se visibilicen los sentidos de otros actores de la sociedad civil, que han hecho parte de la historia reciente y pasada de la Isla. Ahí también podrá ponerse a prueba su potencial democrático e incluyente.
4. Por otro lado, la nueva subjetividad social no institucionalizada legalmente de forma debida tendrá que vencer el desafío de legalizarse, de institucionalizarse, de trabajar intensamente con el pueblo, de ser aceptada por la sociedad y de recibir el reconocimiento popular debido. ¿Será imprescindible, para hacerlo, una reforma de la actual Ley de Asociaciones? ¿Por qué?
Lenier González: Definitivamente el país necesita dotarse de una Ley de Asociaciones más abarcadora y flexible, que permita institucionalizar a la gran multiplicidad de actores que hoy vive en una especie de clandestinidad consentida y que, además, permita la creación de marcos operativos más amplios para que las instituciones ya existentes puedan trabajar de forma más plena. Además, el Registro de Asociaciones tiene una moratoria, desde hace años, que imposibilita la inscripción de nuevas entidades sociales.
Esa nueva Ley debería ser el fruto de una reflexión y una construcción compartida entre el sistema político y los actores sociales cubanos. Este proceso debería tener una esfera pública abierta e inclusiva como espacio idóneo de deliberación colectiva de propuestas. Para que esa Ley sea efectiva realmente, debería ser pensada por todos como una pieza clave en el necesario camino de reforma del modelo sociopolítico cubano. Sería una Ley de Asociaciones que partiría del consenso de que la subjetividad social asociada autónomamente es positiva para el país, y que debe tener plena carta de ciudadanía para generar agendas sociales e interactuar con el sistema político. Esa Ley, a la vez que crea los respaldos legales necesarios para el pleno ejercicio ciudadano, debería penalizar los vínculos con agendas extranjeras interesadas en incidir en asuntos soberanos cubanos o penalizar los proyectos “interesados” en la reconstrucción de una república blanca y de élites.
Una Ley de Asociaciones con estas características sería un paso político descomunal para el actual liderazgo del país, que en muy poco tiempo traspasará el poder a una nueva generación de líderes. El primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, y el grupo de personas que lo acompañen en el relevo de la generación histórica, ya no podrán gobernar a Cuba, nunca más, de la manera en que lo han hecho Fidel y Raúl. Una nueva Ley de Asociaciones podría ser una herramienta eficaz para rediseñar positivamente el ejercicio democrático al interior del país, pues permitiría ensanchar el consenso político interno y, por transitividad, impedir la intromisión de poderes extranjeros en nuestros asuntos.
Sin embargo, para que un evento político de esta magnitud tenga lugar, todos necesitamos asumir actitudes facilitadoras, que tengan como centro la despolarización del campo político, la reconstrucción de la confianza entre cubanos y la factibilidad de implementación de pactos nacionales duraderos. La responsabilidad mayor en este proceso recae sobre los hombros del Gobierno cubano, pero no únicamente. Es una responsabilidad de todo cubano comprometido con un futuro de estabilidad y progreso para Cuba. Y el país debe emprender este camino sabiendo, incluso, que podrá ser utilizado potencialmente por Estados Unidos para promover agendas ajenas a nuestros intereses nacionales.
Dmitri Prieto: No creo que la voluntad jurídica pueda sustituir a la política (vista como resultante de voluntades múltiples que componen los “factores reales de poder”, cuya acción comienza en la base, y no “arriba”). Creo –eso sí- en el Derecho como dimensión sempiterna e imprescindible de toda sociedad, cuya ignorancia está impregnada de riesgos inmediatos para su devenir. Pero recordemos, y reflexionemos: ni los Abakuá, ni el Gran Oriente de Cuba y Las Antillas, ni el Partido Revolucionario Cubano de José Martí, ni el PCC en su etapa de heroica ilegalidad, ni el ABC, ni la Joven Cuba fundada por Guiteras, ni el M-26-7 o el DR-13, operaron bajo una “institucionalidad legal”. Tampoco –creo- fueron legalmente inscritos el importantísimo grupo Orígenes ni los también significativos y más recientes Paideia, Establo, Diáspora(s) y Laboratorio Casa Cuba. Sí eran instituciones, y poseían cierta legalidad interna (de las cuales la del PRC martiano me parece el ejemplo a seguir, por su “ultrademocracia” bajo mandato imperativo), fueron aceptados en su tiempo por (al menos una parte relevante de) la sociedad y recibieron el reconocimiento popular (o al menos gremial) debido. Del mismo modo, son instituciones, pero no están registradas e inscritas conforme a alguna Ley, gran parte de los actores extra-oficiales de la esfera pública cubana que mencionamos al principio de este dossier.
Por lo cual podemos llegar a una conclusión: no es una inscripción en el Registro de Asociaciones lo que le da a un grupo de la sociedad la capacidad de “trabajar internamente con el pueblo”, sino al revés: la capacidad de realizar su trabajo intensamente junto con o –mejor- dentro del pueblo (o al menos dentro de un gremio o comunidad local) lleva a los actores colectivos a un creciente reconocimiento social.
Por supuesto, no soy de ningún modo nihilista en el tema de la necesidad de un cambio en el marco legal de la asociatividad cubana. Muchos(as) recuerdan con nostalgia las dos edades de oro de esa asociatividad en la historia del país: la entreguerra del XIX y el período constitucional entre 1940 y 1952. Más que nostalgia, creo que podemos aprender de los actores colectivos de esas épocas la versatilidad de sus preocupaciones, la diversidad de los vínculos que –en sus mejores ejemplos- lograron construir con el sustrato soberano y creador de la Cuba popular.
Lo primario para lograr cualquier grado de agenciamiento real en la sociedad es la capacidad de constituirse fácticamente en factor real del poder. La legalización puede ser de gran ayuda frente a ello. Pero quienes han tenido la legítima voluntad de poder a su favor, han logrado, según la historia, sobrepasar cualesquier impedimento legal.
José Jasán Nieves: Sí, es imprescindible. Y eso también lo sabe el poder en Cuba, que adelanta hace varios años un nuevo proyecto de ley, pero no lo socializa ni lo aprueba. Con mayor frecuencia aparecen síntomas de organización incipiente de grupos legítimos, que no pueden ser legales por las restricciones de la actual Ley. La generación de movilizaciones espontáneas en respuesta a decretazos locales en Cárdenas, Cienfuegos, Santa Clara y Bayamo, demostró en momentos diferentes como los “cocheros” (esa figura imprescindible en la mayoría de las ciudades del país) tomaron la iniciativa para defender sus derechos, y renegaron del sindicato (al que no pertenecen o que no hizo nada por cambiar la situación). ¿Qué impide pensar que en poco tiempo surjan de ellos organizaciones paralelas, primitivas, aunque funcionarios amedrente (deteniéndolos) a los cabecillas de esas movilizaciones para disuadirlos de fungir como aglutinadores de intereses? ¿Serán ilegítimas las agrupaciones de cocheros que no satisfacen sus necesidades por sindicatos coartados o será la ley la que habrá quedado superada por la realidad? Para mí, la respuesta evidente es la segunda opción.
Ovidio D Ángelo: En este punto creo que se encuentra el tema legal pero, más allá, una crisis de confianza histórica que impondrá tiempos de reflexión y reconstrucción de agendas, tonos y capacidades de diálogo. Es importante la elaboración ciudadana de las amplitudes de la nueva Ley. Esto no debería cocinarse en locales cerrados sino impregnarse de un nuevo espíritu de construcción social de estos tiempos. Contamos con una sociedad instruida y con experiencias positivas y negativas de nuestro desarrollo, en posibilidad de profundizar, reflexivamente, de manera abierta, a través de los medios de comunicación y en asambleas públicas, sobre las diferentes alternativas que nos plantea la actual situación.
Tuvimos una oportunidad, relativamente reciente, en la consulta popular de los Lineamientos del Partido. Sin embargo, esa consulta masiva careció de coherencia y articulación. No se difundieron los resultados de las propuestas argumentadas en cada centro o espacio en que ocurrió. Los medios de prensa no dieron espacio a las voces protagónicas en cada lugar. No se debatieron los temas entre posiciones diversas sino que solo se recogieron todos los planteamientos. Finalmente, comisiones especializadas filtraron las preocupaciones y sugerencias para seleccionar aquellas que consideraron oportunas.
Esta experiencia plantea como reto el diseño de espacios de debate reflexivo popular que aporten los argumentos necesarios desde la visión ciudadana y que, igualmente, requieren de mecanismos no existentes de concertación de opiniones y agendas diversas. Lograr esto implica un real cambio de mentalidad por todos los actores sociales, desde la dirección del gobierno y del Partido hasta los grupos sociales diversos. Es un cambio de estilo hacia la construcción conjunta del país en la nueva coyuntura social.
La nueva Ley de Asociaciones podría marcar el momento de inicio de esa postura reflexiva, deliberativa y constructiva, basada en el respeto a la diversidad y a la libre opción, con un sentido de prudencia y exigencia por el cumplimiento de derechos y deberes de todos.
Ailynn Torres: Efectivamente, las nuevas subjetividades sociales se encuentran en camino de organización y, como parte de ello, la posibilidad de su legalización e institucionalización haría posible el despliegue de su capacidad para funcionar dentro de Cuba, y también de dialogar con la sociedad política, de ser su interlocutora.
Ahora, en el enunciado de esta pregunta se habla de “trabajar intensamente con el pueblo (…) y recibir el reconocimiento popular debido”. Al respecto quisiera hacer un comentario: es necesario recordar que no siempre esa subjetividad social institucionalizada habla en nombre del “pueblo”, cuya existencia como un todo sería necesario revisar en la Cuba de hoy. Lo que nombramos como “pueblo” incluye sectores sociales de diverso signo, no siempre conciliables. Y las subjetividades sociales emergentes no necesariamente responden a -digámoslo así- las necesidades populares; pues, como en todo proceso de cambio, emergen subjetividades excluyentes, totalitarias, antidemocráticas y elitarias, frente a las cuales es necesario posicionarse, y habilitar espacios de deliberación y disputa.
Para ello, efectivamente, es necesaria y urgente una reforma de la Ley de Asociaciones, que debería hacerla flexible, dialógica y democrática, al interior de las asociaciones y de cara a la sociedad cubana y sus necesidades. No se trata solo de habilitar la posibilidad formal de organización de grupos sociales en la forma de colectivos legalizados, sino, también, de repensar las asociatividades existentes, para hacerlas también más democráticas a su interior.
5. ¿Qué posibilidades, qué facultades, qué libertades, debe garantizar la Ley de Asociaciones para promover la institucionalización continua de las subjetividades sociales, así como el desempeño autónomo de todas las organizaciones de la sociedad?
Lenier González: Como ya afirmé en mi respuesta anterior, una nueva Ley de Asociaciones para Cuba debería ser una pieza clave en la necesaria reconstrucción política del Estado. Esa reconstrucción estatal debe tener como centro el reconocimiento e institucionalización de la pluralidad política y social de la nación. Esa Ley debe ser el resultado de dos certezas políticas: 1) las organizaciones políticas y de masas, vínculo fundamental entre el pueblo y el PCC, han quedado descolocada en el cumplimiento de su misión, y por ende han desconectado al Gobierno de la pluralidad de visiones presentes en la sociedad y 2) la institucionalización de las nuevas subjetividades sociales en Cuba debe acometerse mediante un diseño político renovado, que deje atrás la visión gregaria heredada de la concepción del socialismo real implementado en el siglo XX.
Una nueva Ley de Asociaciones debería garantizar el pleno derecho de expresión y asociación para que los cubanos y las cubanas puedan agruparse en la defensa de diferentes agendas, y si lo creen pertinente, además, interactuar con otros grupos afines, acceder a la esfera pública e impulsar y gestionar agendas comunes de cara a la ciudadanía y al sistema político.
Dmitri Prieto: Debe ensanchar las posibilidades de intervenir con voz propia y de manera permanente en el seno de todos los ámbitos de debate, de decisión y de representación social. En ese sentido, me parece que se debe eliminar el carácter compulsorio y limitante de la actual exigencia de tener un “órgano [estatal] de relación” para cada asociación; debe igualmente eliminarse la prohibición de registrar más de una organización para propósitos similares. Si los colombófilos o radioaficionados no se ponen de acuerdo al interior de sus respectivas comunidades de interés, puede haber dos o tres asociaciones de estos ciudadanos con intereses específicos, y no una sola de cada tipo, como lo provee la Ley actual.
Considero que el marco jurídico-político debe tender a ir diluyendo la división actual (y generalmente reconocida, avalada, convalidada y consentida en tantos trabajos investigativos sociales, en tanto ensayo o discurso político) entre “decisores”, “asesores” y “beneficiarios”. Hablemos claro y con honestidad: mientras esa tricotomía exista, la democracia será un género de ciencia-ficción. No puede llamarse “democrático” un régimen donde unos deciden, otros piensan lo mejor posible sobre cómo asistir a esos “decisores”, y otros simplemente se “benefician”.
José Jasán Nieves: La primera es la de disponer de recursos propios, legítimos y auditables, para desarrollar sus actividades. Teniéndolos, garantizan poder desplegar sus acciones sin interferencias innecesarias. Además, la posibilidad de contar con espacios propios para discutir sus asuntos, y de tener voz y voto en la proposición, elaboración, discusión y aprobación de normas legales que regulen la actividad social a la que se dediquen. Esto podría proveer al tejido social del país de una robustecida cantidad de organizaciones en condición de aportar a la optimización del proyecto común.
Ovidio D´Angelo: En la medida en que ceda el nivel de la confrontación ideológica entre los gobiernos de los dos países (Cuba y Estados Unidos) y se avance en un proceso de normalización relativa de relaciones, se crearán condiciones para ampliar progresivamente el ejercicio de los derechos ciudadanos de libertad de expresión, asociación, etc. Esto puede crear las condiciones para el florecimiento de diversas corrientes de pensamiento que puedan proporcionar miradas alternativas de las perspectivas de construcción futura de la sociedad. En todo caso, me parece que siempre habrá limitaciones para las posiciones disruptivas, antisociales, agresivas y violentas.
Se ha avanzado en el reconocimiento de derechos sociales y los llamados de tercera generación. No obstante, la confrontación –entre los gobiernos, pero también entre sectores intolerantes de ambos lados de la matriz ideológica opuesta- tendría que ceder en la medida en que se establezcan mecanismos de expresión y realización de las libertades ciudadanas universalmente reconocidas.
Pienso que la experiencia de beneficios y limitaciones de los modelos socialistas implementados en el país durante el período revolucionario (dentro del patrón general de socialismo de Estado imperante) ha brindado vivencias muy ricas acerca de hacia dónde podemos dirigir nuestras miradas futuras. Partiendo de esta realidad, podríamos recuperar lo mejor de diversas corrientes ideológicas e integrarlas a la gestión comunitaria que debe garantizar el desarrollo y progreso el social. Por otro lado, preciso que dicho desempeño siempre debería procurar que todo esto sea libre de formas de enajenación económica y política, y posea un sentido ciudadano liberador.
En este sentido, la Ley de Asociaciones no podría ser un instrumento legal aislado del conjunto de disposiciones jurídicas que conformarían la arquitectura de un Estado de Derecho moderno. Propuestas como las de algunos colegas cubanos sobre la necesidad de un diseño republicano socialista o arraigado en la noción de Casa Cuba, entre otros, podrían fertilizar esta posición. La corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano también podría aportar dimensiones importantes a tener en cuenta en el proceso de reconstrucción constitucional y del cuerpo jurídico actual, ya superado por los acontecimientos.
Ailynn Torres: La Ley de Asociaciones, como es conocido, requiere transformaciones profundas, sino una renovación total. La libertad de asociación es solo uno de los contenidos a los que esa normativa debe responder, ello garantizaría en buena medida la posibilidad de las subjetividades sociales -las emergentes y las ya existentes- de organizarse y legalizarse. Pero, además, las transformaciones que puedan producirse en dicha Ley deben dirigirse, no solo a las nuevas asociaciones que puedan instituirse, sino a las ya existentes. Me refiero a que es imprescindible regular normas de democracia interna y externa para las asociatividades cubanas, exigir transparencia en todos los ámbitos de su funcionamiento y el apego a las normas legales de mayor importancia dentro del sistema jurídico del país. Ese es un asunto que atañe a todo el campo asociativo.
6. Si consideramos la libertad como la capacidad de todos para ser responsables teniendo como fundamento las convicciones, las ideas y la voluntad de cada persona y de cada organización social, estamos obligados a esbozar esta otra pregunta. ¿Cuáles responsabilidades nacionales debe exigirle la sociedad, por medio de la Ley, al desempeño de la libertad de todas las organizaciones sociales que puedan existir?
Lenier González: Es importante que el país consensue metas nacionales que puedan ser compartidas por grandes grupos de cubanos. Algunas de esas metas podríamos rastrearlas en las esferas públicas del país, y están relacionadas con la defensa de una vida digna, en libertad e igualdad, para todos los cubanos. Una Ley de Asociaciones debería penalizar a aquellos actores políticos y sociales que atentaran contra esos intereses que deben ser consensuados por las mayorías.
En el contexto cubano y latinoamericano existe la posibilidad de que agencias especializadas de poderes foráneos utilicen de manera subrepticia a organizaciones de la sociedad civil, llegando incluso hasta las organizaciones religiosas, para crear agendas internas asociadas a sus intereses. Es legítimo que otros países quieran promover sus valores e intereses en Cuba, pero ese accionar debe ser asumido siempre respetando la soberanía del país. Cuba debe abrir las puertas a la cooperación con entidades internacionales y, a la vez, debe penalizar el accionar de actores sociales nacionales que colaboren con agendas injerencistas de manera consciente. Igualmente, la Ley debería bloquear el accionar de grupos que defiendan intereses contrarios a los derechos de las minorías, o que defiendan una visión de los derechos humanos que no articule los derechos políticos con los económicos, sociales y culturales, o agendas relacionadas con la disminución de beneficios sociales, como pueden ser la privatización de los sistemas de educación o salud, por solo citar tres ejemplos.
Dmitri Prieto: Por medio de la Ley o por acción directa, debe evitarse que se estructuren organizaciones en cuyo seno se practique sistemáticamente la dominación de cualquier tipo, o que capitalicen cualquiera de las múltiples formas de dominación contra otros segmentos sociales. La sociedad debe crear poderes negativos que impidan tales casos.
José Jasán Nieves: El límite que imponga una Constitución sometida a referéndum popular. De alguna manera lo he esbozado: la promoción ante todo de los derechos individuales y la soberanía nacional tendrán que ir de la mano, sin interferirse. Los valores sociales y los principios políticos de una sociedad que allí queden establecidos, después de un profundo debate nacional, son los marcos por los que deberá regirse; aunque lo deseable también es que esos marcos sean lo suficientemente flexibles para admitir adecuaciones si acaso quedan o aparezcan minorías que sientan vulnerados sus derechos. La ley deberá permitir que se expresen y se organicen.
Ovidio D´Angelo: La pregunta podría responderse desde cualquier posición de partida que justifique sus razones, con matices diferentes. No obstante, en la presente situación la delimitación del marco de responsabilidades nacionales que debe refrendar la Ley, considero que tendría que ser fruto del encuentro entre posiciones y del avance hacia una concertación de mínimos necesarios y posibles.
Se podría parafrasear el aforismo: el límite de mi libertad está en la libertad del otro. O sea, las libertades individuales, organizacionales, colectivas, no pueden sobreponerse al derecho ajeno. El interés nacional debe estar por encima de las exigencias particulares o sectoriales, si bien debe tenerlas en cuenta hasta donde no perjudiquen los intereses generales o específicos de otros grupos sociales.
En términos concretos, la sociedad podría exigir voluntad de compromiso con la identidad nacional, con la soberanía del país, con los intereses y las necesidades populares y no elitistas, con la actuación decorosa y respetuosa hacia otras entidades electas democráticamente o designadas por representantes electos, y con la promoción y ejercicio de las agendas que, sobre la base de la no violencia, contribuyen a la concordia nacional.
Ailynn Torres: Esta pregunta parte de una idea de la libertad que no comparto del todo. La libertad la entiendo como ausencia de vínculos de dependencia, como no dominación. Si de ello se deriva “la capacidad de ser responsables” entonces estamos de acuerdo, pero no es lo primario. Si una mujer es dependiente de su esposo porque sin él no cuenta con los recursos para reproducir su vida, o si un sindicato es dependiente del dueño de la empresa porque sus miembros no tienen otro modo de subsistencia que el que ofrece el dueño, entonces esa mujer y ese sindicato no son libres.
Si consideramos esta noción de libertad, entonces, la primera exigencia ciudadana a las organizaciones sociales tiene que ver con la garantía, a través de la ley, de la imposibilidad de (re)producir relaciones de dependencia que laceren la libertad individual y colectiva. La ley, entonces: 1) protegería a los ciudadanos de la arbitrariedad de organizaciones sociales que se planteen interferir en la libertad de la ciudadanía, en su autonomía -económica, política, cultural- y 2) regularía, no arbitrariamente, las condiciones en las cuales el Estado debe interferir en las organizaciones que, en nombre de intereses privados, lo hagan o se propongan hacerlo -cuyo resultado sería la desposesión de individuos y grupos sociales-. Ahora, nuevamente, habría que atender a la diversidad de sujetos y públicos a los que nos referimos. Si se realizara el ejercicio de preguntar cuáles responsabilidades le exigirían los integrantes de la sociedad al desempeño de la libertad de las organizaciones, seguramente tendríamos un abanico amplio de ideas y exigencias atendibles. Lo primario, sin embargo, son los principios de independencia y autonomía que he mencionado antes. Así, se impediría la obstaculización del desarrollo democrático, ya sea por medio de la monopolización de la voz que designa el espacio público, ya sea por desechar agendas y temas de otros sectores sociales por considerarlos por fuera de los intereses deliberativos comunes, ya sea por invisibilizar y reproducir las desigualdades estructurales en las que se fundan las posibilidades de diferentes actores de participar, como iguales, en los espacios públicos de la sociedad civil.
7. Si ajustamos la institucionalidad de la sociedad civil (ya sea de las organizaciones tradicionales como de las nuevas que pujan por crecer) a los desafíos que demandan las dinámicas emergentes de la población, ¿cuáles modificaciones podrían, a su vez, resultar obligatorias en modelo político, incluso en la Ley electoral?
Lenier González: Una reformulación del consenso político en Cuba sobre las bases de las metas históricas de la nación, implicaría el desmontaje de la arquitectura institucional de corte soviético, entre otras cosas, porque coloca al PCC en el corazón de la nación, lo cual –por fuerza mayor- siempre invisibiliza a una parte importante de la misma. El relevo político del presidente Raúl Castro tiene el desafío de desatar dinámicas despolarizadoras, que permitan buscar sinergias y negociaciones con grupos de cubanos de ideologías disímiles -dentro y fuera de la Isla. En este contexto se impone una reforma del Estado, de sus mecanismos de elección y representación. Desde esta perspectiva, si una nueva Ley de Asociaciones logra empoderar efectivamente a la subjetividad social cubana, ese modelo sociopolítico debería acoplar estructuralmente esas entidades sociales a la dinámica estatal, dándoles acceso a los mecanismos de elección y representación. Esta decisión favorecería el ejercicio democrático nacional, pues abriría las puertas del poder para actores sociales comprometidos con agendas legítimas.
Dmitri Prieto: Para mí, tal “ajuste” implicaría un cambio sustancial del modelo. Sin embargo, opino que sus valores explicitados deberían permanecer incólumes. No obstante, estamos obligados a procurar una dimensión fáctica del actual marco de regulación legal de lo político. Sostengo esto último porque padecemos de una carencia en este sentido. Nótese que en Cuba el Derecho Constitucional es sólo una asignatura en la docencia y una especialización investigativa, pero no un ámbito de ejercicio de la abogacía en situaciones contenciosas, como lo es el Penal o el Laboral, por solo mencionar un par de ejemplos.
Pienso que el marco jurídico de la política explícita debe prever la posibilidad real de auto-organización de los territorios y de las colectividades laborales, así como por intereses. Pienso en una Cuba donde cada circunscripción elija delegados(as) a partir de un debate franco, de la pluralidad política, del diálogo y de la posibilidad para cada representante de contar con recursos para cumplir a cabalidad la misión, bajo un mandato imperativo dentro de una capacidad de gestión política plenamente eficaz, y revocabilidad general. Este cuerpo de representantes con poder real debe convertirse en vehículo eficaz de los intereses populares y base del cuerpo político del país. Del mismo modo, deben empoderarse las organizaciones sindicales, creándose ahí donde no las hay, y formar así la otra parte de ese cuerpo, frente a las uniones patronales debidamente reconocidas mientras haya emprendimientos capitalistas en Cuba. El ánimo legítimo del emprendimiento debe irse canalizando –voluntaria y paulatinamente- hacia el favorecimiento jurídico, económico y popular de formas cooperativas, sin explotación, y empresas territoriales (municipales, provinciales), con amplia participación de quienes en ellas trabajan, así como de quienes pueblan los respectivos territorios, en su proceso de gestión más directa. En todos estos ámbitos, debe primarse la pluralidad de opiniones, y su expresión debe ser totalmente libre, condenándose cualquier coerción de la crítica y cualquier monopolización.
Las representaciones de ambos ámbitos, deben tener espacios para discutir sus propuestas y tomas decisiones, en varios niveles: municipal, inter-municipal (provincial) y de país (nacional). Creo que debe posibilitarse que se constituyan grupos transversales de representantes según sus opiniones políticas (estratégicas y tácticas).
El reconocimiento institucional de los otros segmentos de la esfera pública –que ya explicamos- debe ser propiciado por la creación de sus espacios de influencia y gestión propios, reconocidos jurídicamente y con presencia efectiva en el plano de la decisión social colectiva: cooperativas (de producción y sobre todo de consumo), proyectos comunitarios con personalidad jurídica, emprendimientos sociales, clubs, centros permanentes de debate y discusión según las diversas tendencias y opiniones políticas, espacios académicos y docentes autónomos que puedan ejercitar investigación y enseñanza de manera autogestionaria y con proyección hacia las comunidades interesadas, colegios profesionales, ONGs, asociaciones, grupos de emprendedores(as) con vocación social, prensa barrial y por intereses, proyectos artísticos y culturales, todos ellos con carácter de persona jurídica y responsabilidad frente a sus beneficiarios reales, donde los legítimos intereses personales de creadores(as) y gestores(as) operen en sintonía con los intereses de quienes integran las comunidades de convivencia.
José Jasán Nieves: Primero habrá que definir (mediante voto general) si a la sociedad cubana le interesa un modelo pluripartidista, de elección, donde concurran candidatos de distintas organizaciones; o qué modelo prefiere (dentro de los varios existentes, o uno nuevo que se diseñe). Siento que, aunque sean las excepciones que confirmen la regla, la legislación actual ha permitido que verdaderos representantes populares lleguen al poder. Además, deja margen a la incorporación de candidatos que no sean los propuestos por las “Comisiones de Candidaturas”; y hasta la misma composición de esas comisiones podrían cambiar una vez crezca el número de organizaciones sociales que concurren a integrarlas. Por tanto, la discusión es más profunda, y diferente en cierta medida. Primero, está claro que se necesita un marco para legalizar y promover la expansión de la participación en la sociedad mediante organizaciones de los más variados propósitos. Luego, tocará definir cómo los intereses organizados se expresan en las decisiones electorales.
Ovidio D´Angelo: Este podría ser un punto central en la nueva concepción sociopolítica de la sociedad posible. En mi opinión, la soberanía del pueblo debe ser salvaguardada de la acción de élites, clientelismo y burocracia –independientemente de sus orígenes y propósitos iniciales. En este sentido, valdría reafirmar el enunciado constitucional –similar en muchos países- de que “el soberano es el pueblo”. De esta manera, el gobierno y las instituciones democráticamente electas deben responder y rendir cuentas al pueblo, de manera sistemática y mediante múltiples mecanismos expeditos. No pueden enajenarse como entes independientes que trazan la política del país por encima de los intereses nacionales de la ciudadanía o asumiendo que los defienden.
Los dispositivos jurídicos deberían ofrecer todas las garantías comprobables para el cumplimiento de la ley y su exigencia por la ciudadanía. Este aspecto, que se cumple poco en todas las “democracias formales” actuales, implicaría una concepción de la democracia participativa, protagónica y decisoria de los sectores populares y grupos sociales, que va más allá de los ejercicios de democracia representativa, aunque los incluya, y optarían por su combinación con formas diversas de democracia directa.
En esta visión creativa podría abordarse el carácter participativo-decisorio que debería tener la población en las asambleas populares y movimientos sociales a todos los niveles, la legitimidad de participación sociopolítica de diferentes actores sociales –incluidos grupos de pensamiento alternativo-, siempre que se resguarden principios de patriotismo –bien común-, respeto a las diferencias, socialización de las agendas y, eventualmente, participación en la constitución de asambleas de gobierno a todos los niveles.
De esta manera, la concepción de instancias políticas que están por encima de la sociedad y del Estado, que son ajenas al ejercicio soberano de elección ciudadana y de rendición de cuentas al pueblo, en mi opinión, quedarían obsoletas y a expensas del balance político existente de acuerdo al nivel de deliberación social. Esto forzaría a un juego competitivo de eficiencia social para mantener su prestigio y prerrogativas a través del Estado y de sus instituciones electas, no por sobre él.
Así, una modificación sustancial de algunos capítulos de la Constitución sería necesaria, aunque los plazos de renovación del modelo sociopolítico deben poseer varias fases, pues no debe ocurrir de manera abrupta. La Constitución, en este sentido, debería ser renovada en este espíritu, no simplemente adaptada a los cambios ocurridos en los últimos tiempos. Insisto que esta sería una acción del mayor interés y compromiso de toda la población, que requeriría la exigencia de su participación integral en todo el proceso de propuestas, deliberaciones y decisiones.
El impacto de todo ello en la Ley electoral sería evidente. Podría mantenerse, en general, la idea de la estructura actual del Poder Popular, evaluando la pertinencia de acercar cada vez más el gobierno a la ciudadanía. El mecanismo de propuesta de candidatos podría diversificarse teniendo en cuenta las agendas y propuestas de estos, la delimitación de áreas electorales poblacionales y las cuotas a organizaciones, movimientos y grupos sociales que cumplan los requisitos que establezca la Ley. Este avance de proposiciones no se puede limitar, sino que debe quedar abierto a la consideración de los actores sociales y del ejercicio ciudadano, por medio de mecanismos democráticos que aseguren realmente la participación, la deliberación, el protagonismo, y la decisión responsable del pueblo.
Finalmente, podríamos enfatizar que los cambios que se requieren pueden tener una determinada gradualidad, pero deberían ser sistémicos e integrales, para poder encauzar acertadamente las proyecciones de nuestros futuros posibles.
Ailynn Torres: Dentro de los desafíos que demandan las dinámicas emergentes de la sociedad cubana, los económicos han sido los de mayor visibilidad hasta el momento. La diversificación de actores “productivos”, el incremento de la inversión extranjera, la autorización de nuevas formas no estatales de producción, etc., han sido las respuestas a la crónica crisis económica de la Isla. Ahora, como es sabido, dichos retos y sus respuestas no pertenecen en exclusiva al ámbito de la economía; su curso debería implicar, también, la existencia de una sociedad civil diversa que discuta -más allá de la consulta realizada sobre los Lineamientos de la política económica y social- con amplitud y sistematicidad dichas transformaciones.
Ello debería acompañarse, igualmente, de sinergias en otros ámbitos, por ejemplo, en cambios en el diseño y la práctica de la institucionalidad política; pues como mismo es engañoso pensar que las transformaciones en Cuba han sido solo “económicas”, también lo es apostar por la iniciativa ciudadana y la ampliación de las esferas públicas al margen de cambios en el modelo político. Entonces, el asunto mayor es pugnar porque dichos cambios -los de la sociedad civil y los de la sociedad política- se dirijan a la ampliación de procesos democráticos, y no a la (re)construcción de élites económico-políticas.
Es por lo anterior que la agenda económica no debe ser la única circulante en las esferas públicas. Cuba se enfrenta, también, a cambios demográficos, migratorios, de reestructuración socioclasista, de debates sobre el código de familia, etc. Así, por ejemplo, las dinámicas ya apreciables de diferenciación y profundización de las desigualdades dentro del país, requieren de una sociedad civil que puje por el acceso de los sectores más desfavorecidos a las condiciones mínimas dignas de la existencia y que habilite el empoderamiento de aquellos a través de las institucionalidades existentes y posibles. El modelo político, efectivamente, debe responder a esas realidades; y la sociedad civil presionar, agendar y generar transformaciones en ese sentido. Reconocer la conflictividad social emergente de los cambios -y la ya existente con anterioridad- es imprescindible para construir soluciones a los problemas de la Cuba presente. Por el contrario, ignorar las luchas entre sectores y grupos sociales, inhabilita la construcción de canales ampliados de expresión y resolución de esas conflictividades. Los intereses múltiples, empero, encontrarán canales y vías de representación y expresión, en las formas, por ejemplo, de corrupción, de rechazo a los ámbitos de discusión política, etc. pero eso no quiere decir que no existan.
En la misma línea, entiendo que también son necesarios cambios en el tipo de relación entre las distintas instancias político-administrativas y la ciudadanía, que favorezcan que la participación ciudadana tenga mayores escuchas en la institucionalidad política, y que en los marcos de esa participación sean realmente -y no solo formalmente- posibles iniciativas ciudadanas de participación directa.
Por último, a las modificaciones necesarias en el modelo político les parece estar llegando “su momento”. El pasado 24 de febrero, como es conocido, se anunció una agenda de trasformaciones -ahora sí- políticas para el período 2015-2018. Ella promete la modificación de la Ley electoral, la realización del VII Congreso del PCC, el perfeccionamiento de la División Político Administrativa del país y la generalización del nuevo modelo de funcionamiento de los Órganos Locales del Poder Popular -la misma que se ha venido experimentando en las provincias de Artemisa y Mayabeque. Esos anuncios de la dirección política del país, generan agendas también para la sociedad civil. ¿O es que acaso la modificación de la Ley electoral estará en exclusiva en manos de una comisión o de los órganos del PCC? ¿Podrán discutirse en las esferas públicas cubanas los resultados del experimento de descentralización política de Artemisa y Mayabeque, desconocidos hasta el momento?
La renovación de la Constitución de la República -tema de urgencia de cara a los procesos actuales- podría ser un buen punto de partida para repensar los caminos democráticos de los que he hablado hasta aquí; y digo, con toda intención, “un punto de partida”, y no “un punto de llegada”, como pareciera que sucederá. Me atrevo incluso -no sin riesgo de excesivo optimismo-, a imaginar una asamblea constituyente, popular y ciudadana, al modo de los exitosos antecedentes con los que contamos en América Latina; y no una Constitución diseñada por Comisión alguna. Ese sería, ciertamente, un horizonte sugerente para no solo imaginar, sino hacer la Cuba posible donde quepamos todos y todas.
Este dossier fue publicado en Cuba Posible: https://cubaposible.com/institucionalizar-la-diversidad-hacia-una-nueva-ley-de-asociaciones-para-cuba-2015-03-23-03-03-00/
